Sector Público

Ayudamos a las entidades públicas a hacer frente a riesgos complejos, a no sobrepasar su presupuesto y a reducir el coste total del riesgo mediante soluciones integrales de gestión y transferencia de riesgos.

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La gestión de riesgos es un elemento clave para las entidades públicas, como pueden ser los gobiernos, las diputaciones y los ayuntamientos. Sin embargo, en vista de las constantes restricciones presupuestarias, las organizaciones públicas necesitan a menudo estrategias innovadoras que puedan ayudar a reducir el coste total del riesgo sin dejar de respaldar las mejoras de los servicios de atención al público. A medida que continúa la recuperación tras la pandemia, son muchos los gobiernos locales que sufren déficits presupuestarios como consecuencia de la disminución de los ingresos fiscales, las tasas récord de desempleo y el aumento de los costes sanitarios. La necesidad de gestionar los riesgos (a la vez que se mantienen los costes a raya), es ahora más importante que nunca.

Con más de cuatro décadas de experiencia en el sector público a sus espaldas, Marsh puede ayudarle a evaluar la estrategia actual de financiación de riesgos de su entidad pública y a generar nuevos ahorros a través de decisiones basadas en datos. Trabajaremos juntos utilizando nuestra experiencia y nuestra plataforma de análisis líder del sector a fin de crear un perfil único para su organización y establecer un enfoque que genere valor y mitigue el riesgo.

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Tres riesgos emergentes amenazan a directores y administradores (D&O)

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Preguntas frecuentes

Las entidades públicas, como pueden ser los ayuntamientos y los gobiernos o las empresas de servicios públicos y de transporte, están expuesta a un amplio abanico de riesgos, entre los que se incluyen:

Ciberataques: cada vez son más habituales los ataques de ransomware contra los sistemas públicos. Estos incidentes no solo podrían paralizar diferentes funciones administrativas, sino también dejar a los residentes sin acceso a servicios públicos fundamentales. Las entidades públicas deben centrar sus esfuerzos en proteger sus activos digitales y la información privada de los ciudadanos.
Gestión de la reputación: la forma en que los gobiernos responden y se comunican con los ciudadanos a diario y en situaciones de crisis es de vital importancia. Una mayor visibilidad en todos los canales digitales requiere políticas de relaciones públicas estrictas y una planificación proactiva en caso de incidente.
Gestión de flotas: la conducción distraída y alterada, así como la escasez de conductores experimentados, son solo algunos de los factores que aumentan el riesgo de accidentes, reclamaciones y costes relacionados. Las entidades públicas deben establecer y mantener estrategias de gestión de flotas que promuevan la seguridad, minimicen las exposiciones y reduzcan los costes.

Las entidades públicas deben tener en cuenta todas las áreas de riesgo para planificar y minimizar el impacto de las vulnerabilidades existentes y emergentes. Mediante un enfoque integral de estas amenazas, podrá no solo gestionar los costes, sino también mejorar la seguridad del personal y del público.

Como resultado del aumento de los litigios, el envejecimiento de la infraestructura y el elevado escrutinio público, las entidades públicas necesitan adoptar un enfoque único en materia de seguros para proteger a sus ciudadanos y sus bienes que abarca:

Gestión y responsabilidad profesional: estas políticas protegen a las entidades públicas y al personal frente a circunstancias que no están cubiertas por una póliza comercial tradicional. Estas circunstancias incluyen pérdidas causadas por un hecho ilícito que resulte en una pérdida mientras se llevan a cabo determinadas funciones por parte del grupo o en su nombre.
Responsabilidad automovilística: los camiones de bomberos, las ambulancias, los coches patrulla, los autobuses, los vehículos de mantenimiento de carreteras y calles, y otros vehículos de emergencia requieren cobertura en caso de lesiones corporales o daños materiales.
Riesgo cibernético: el resultado de un ciberataque puede conllevar graves consecuencias para una entidad pública, como fugas de datos, extorsión y fraude. Este tipo de cobertura suele incluir los gastos relacionados con las consecuencias mencionadas, así como aquellas derivadas de fallos relacionados con la seguridad de la información o la red.

Para las entidades públicas, el desarrollo de un enfoque integral de la gestión de riesgos implica abordar cada una de estas vulnerabilidades y aquellas relacionadas con sus ciudadanos o la realización de sus tareas diarias.

En Marsh, nuestros equipos locales, de análisis y de gestión de riesgos pueden ayudarle a desarrollar estrategias de gestión y financiación de riesgos que se adapten a sus necesidades con el fin de seguir respaldando al público al tiempo que se mitiga el riesgo.

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