El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez a raíz de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en recortes de prensa, no ha atendido la petición de la defensa de la investigada que pasaba por anonimizar los datos de la causa. El magistrado argumenta que se trata de una solicitud cargada de “inconcreción” y dicta que no es posible determinar a priori qué datos pueden ser relevantes para el proceso y cuáles no.

En una providencia a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, Peinado explica que la defensa pidió la anonimización “respecto de los datos que no sean necesarios a efectos de la investigación” después de que se incluyeran en el sumario cuestiones como la numeración y el saldo de las cuentas bancarias de la persona investigada.

Pese a todo, el juez apunta a “la propia inconcreción de la solicitud”, así como la posible “repercusión penal” que pueden tener “los datos obrantes y que hacen referencia a terceros, así como  los que puedan obtenerse”. En la misma línea, alude a la “imposibilidad apriorística de determinar cuáles serán o no necesarios para la instrucción de la causa”, que “conlleva” todo ello que, “en el actual estado de la misma, no sea procedente acceder a lo peticionado”.

Entretanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene el foco  sobre Gómez por cuatro presuntos delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral- en el marco de una investigación protagonizada por la forma de actuar, en ocasiones polémica, del juez; quien ha cambiado instantáneamente la calidad de algunos de los testigos o ha tergiversado declaraciones.

En la misma causa están imputados, por ejemplo, el empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha cerrado contratos con administraciones de muy distinto color político, tal y como ha informado este mismo periódico; o el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache. También el exconsejero madrileño y que fuera una de las personas de máxima confianza de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes, que liberó a la esposa del responsable del Ejecutivo de cualquier responsabilidad durante su declaración.

En este punto, hay que esperar hasta el próximo 22 de enero para escuchar las próximas declaraciones. En esa fecha el juez ha citado como testigos a representantes de las empresas Indra Sistemas, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet y Telefónica, además de a otros rostros de la universidad pública madrileña.

Comparecencia presencial

De hecho, en otra providencia el magistrado contesta a la representación letrada de Arsys que su comparecencia como testigo ante el juzgado debe ser presencial, máxime atendiendo a las buenas comunicaciones entre su sede y el juzgado, que se localiza en Plaza de Castilla.

La respuesta a Arsys llega después de que la compañía solicitara comparecer por videoconferencia, algo que Peinado descartó al “considerar” más conveniente la presencialidad.

Volviendo a Gómez, ésta descartó el pasado 18 de diciembre haberse apropiado de marcas al inscribir TSC Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra que codirigió y financiaron varias firmas.