Consejo Nacional De La Magistratura

Los escándalos tienen la capacidad de modificar la composición del campo político, excluyendo del mismo a aquellos actores que no respetaron las reglas del juego político. En tal sentido, se puede afirmar que los escándalos tendrían la capacidad de activar los mecanismos de accountability, a través de cuyo ejercicio se busca garantizar que los actores encargados de administrar el poder lo ejerzan en respeto de los intereses de los ciudadanos, otorgando herramientas para sancionar a aquellos que transgreden los principios del interés público sobre el cual descansa la legitimidad de su autoridad. La presente tesis analiza la relación entre los escándalos políticos mediáticos y la activación de la accountability, especialmente cuando los mecanismos tradicionales de la misma registran serias debilidades o se resisten a ejercer su función, son laxas ante el abuso de poder o el mal ejercicio del mismo. El análisis, por tanto, se centrará en la acctivación de mecanismos sociales de accountability -también conocido como accountability social-, es decir, de aquellas formas de control vertical no electoral del estado, que se activan a través de la intervención de grupos sociales, colectivos, ONGs y periodistas. El caso estudiado es el de los llamados CNM Audios, el escándalo mediático provocado por la revelación mediática, en julio y agosto de 2018, de más de 200 audios que registraron conversaciones entre jueces supremos y superiores, fiscales, consejeros del CNM, empresarios, congresistas, abogados, entre otros, en las que se negociaba sentencias, se fijaban sobornos, se acordaba reducción de penas y se coordinaba acciones para ratificar magistrados y conseguir que solo 'gente de confianza' ocupen los principales cargos en diversas instancias del sistema judicial, principalmente, en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Scandals have the capability of modifying the composition of the political field, excluding those actors who did not respect the rules of the political game. In this sense, it can be stated that scandals would have the ability to activate accountability mechanisms whose exercise guarantee that the actors in charge of administering power exercise it with due regard to the interests of the citizens and granting the tools that would sanction those who violate the principles of public interest upon which the legitimacy of their authority rests. This thesis analyzes the relationship between media coverage of political scandals and the activation of accountability, especially when traditional mechanisms register serious weaknesses or register some resistance in exercising their function, showing 'tolerance' to concrete expressions of power abuse. The analysis will therefore focus on the activation of social accountability mechanisms -also known as social accountability-, which are all forms of vertical non-electoral control of the state that are activated through the intervention of social groups, organizations, NGOs and journalists. The case studied is that of the so-called CNM Audios, the media scandal caused by the media disclosure, in July and August of 2018, of more than 200 audios that recorded conversations between Peruvian supreme and superior judges, prosecutors, counselors of the National Council of the Magistracy (CNM) (Peru's judicial appointment body), businessmen, congressmen, lawyers, among others, in which sentences were negotiated, bribes were fixed, reduction of penalties were agreed on and actions were coordinated to ratify judges and ensure that only 'trusted people' occupied the main positions in various instances of the judicial system, mainly, in the CNM.

Este trabajo se dedica a la compleja relación entre jueces y política, y realiza una descripción y análisis crítico de las experiencias de Perú, España y Argentina en relación a sus Consejos de la Magistratura. Se propone a partir de ello una forma de integración de dicho Consejo que sea compatible con los principios de independencia e imparcialidad de jueces y juezas en el marco del proceso constituyente.

Este escrito examina el Consejo de la Magistratura argentino a partir del marco teórico desarrollado por Garoupa y Ginsburg en su trabajo empírico, que según el autor logra demostrar la relación que existe entre la independencia judicial, la rendición de cuentas y la estructura de los Consejos de la Magistratura. en primer lugar, establece los problemas metodológicos que dificultaron el proyecto empírico de Garoupa y Ginsburg. Para concluir que los indicadores usados por los autores dejan a un lado variables importantes como el pluralismo y la rendición de cuentas. Por último, analiza el caso del Consejo de la Magistratura argentino para concluir que la discusión actual se centra en la composición del Consejo y en el ajuste de la independencia y la rendición de cuentas.

El presente documento dará cuenta de las modificaciones normativas (constitucionales e infraconstitucionales) que sufrió el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación con el objeto de justificar el impacto negativo que han tenido sobre la administración de justicia de la República Argentina. Dichas modificaciones han alterado el equilibrio republicano establecido explícitamente en la Constitución nacional, restringiendo el derecho de acceder a la justicia de cada argentino. El análisis que se efectuará a continuación se centrará en el plenario del Consejo de la Magistratura para explicitar cómo la injerencia del poder ejecutivo colisiona contra el equilibrio de poderes, resultando de ello una justicia dependiente.

La inclusión en el sistema jurídico argentino del Consejo de la Magistratura provocó profundas disidencias sobre su naturaleza y funciones, y en particular, en lo tocante a su relación con la Corte Suprema.
Existen diversas posturas, especialmente en relación con la potestad discliplinaria, que no han colaborado para que la aparición del Consejo de la Magistratura sea pacífica; antes bien, el Consejo ha debido buscar
su espacio de acción de manera beligerante.
Desde una perspectiva pragmática, se concluye en la conveniencia de que el Consejo retenga facultades disciplinarias sobre los magistrados, aunque queda pendiente la difícil cuestión de la imposición de sanciones por hechos cometidos en el marco de un proceso.
No parece razonable que un órgano conformado por integrantes de otros poderes pueda arrogarse esta facultad sin afectar la independencia judicial.

El trabajo presenta un capítulo del debate por “la democratización de la justicia” en Argentina: el referido a la posibilidad de elección popular de los miembros del Consejo
de la Magistratura, órgano encargado de la elección de los jueces de la república por mandato constitucional. La propuesta por parte del ejecutivo de una ley en este sentido
enfrentó fuertes críticas por parte de la oposición política al actual gobierno, las que fueron avaladas en última instancia por la Corte Suprema al decidir sobre su constitucionalidad. Aquí se analiza uno de los argumentos esgrimidos en contra de la constitucionalidad de la ley: el que afirma que dado que la Constitución exige representación de jueces y abogados en el consejo, la elección popular de los consejeros sería
inconstitucional. Se ofrecen argumentos para demostrar que este “argumento textual”malinterpreta el mandato
constitucional: representación de jueces y abogados no implica necesariamente elección de sus representantes por los jueces y
abogados.

Se analiza un nuevo caso de enfrentamiento entre el TC y el CNM. Se trata de la polémica STC N° 0791-2014-PA/TC (Caso Mateo Castañeda Segovia) del 30 de abril de 2014. Se afirma que el núcleo del yerro del TC radica en la recurrencia al cuarto párrafo del artículo 59° del Código Procesal Constitucional ante el aparente incumplimiento del CNM de lo ordenado en la STC N° 01044-2013-PA/TC . El autor sostiene que el TC se equivoca al aplicar el artículo 59° del CPC -como mecanismo de ejecución directa del fallo constitucional- puesto que dicha disposición no es aplicable a los casos de control constitucional de las decisiones de órganos constitucionales autónomos cuyas funciones les son exclusivas por mandato constitucional.