Facultad de Derecho

Aprobada la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que introduce un nuevo concepto en el funcionamiento de la Administración, la evaluación del desempeño, creo conveniente realizar un breve estudio del mismo, un repaso al  complemento de productividad -que se verá directamente afectado por aquella-, así como sobre la íntima relación entre ambos en el ámbito del EBEP, realizando una aproximación a las implicaciones que la nueva Ley conllevará en el empleo público, para lo cual se hará una introducción a la gestión de calidad en su sentido amplio y a las teorías y métodos sobre el rendimiento o desempeño, por su estrecha y novedosa implicación con aquellos conceptos a tenor de lo que quiere ser la nueva Administración Pública.

Es objeto de este trabajo el estudio del derecho de huelga en los servicios esenciales dentro del peculiar marco jurídico español y su interpretación gubernativa, y sobre todo jurisprudencial, a lo largo del período constitucional vigente. Partiendo de un breve recorrido por la configuración teórica del concepto de servicios esenciales en nuestro ordenamiento y la postura de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, nos detendremos en la construcción práctica que los Tribunales, y ante todo el Constitucional, han realizado

En una época de recortes salariales y sociales a los empleados públicos, y sin perder de vista que el principal “aliciente” y motivación en cualquier trabajo es el sueldo, sería adecuado recordar que existen otras formas de incentivar el buen desempeño y la productividad sin que tengan la repercusión en los capítulos de personal que pudiera pensarse y que benefician tanto al empleado como a la organización.
Vamos a estudiar brevemente estos sistemas, que pueden aportar valor añadido al trabajo, mejoran la eficacia y eficiencia, ayudan a crear clima laboral, cultura organizacional y consiguen ser potentes herramientas de motivación sin un gran coste para las Administraciones Públicas, conectados también con la evaluación del desempeño, como instrumento de mejora del servicio público.

In an era of social and wage cuts to public employees and keeping in mind the main “attraction” and motivation in any job is the salary, it would be appropriate to recall there are other ways to encourage the good performance and productivity, without have an impact on staff chapters that might think, and that benefit both the employee and the organization.
We are going to briefly examine these systems, which can add value to work, improve the efficiency and effectiveness, help to create working environment, organizational culture and  can be powerful motivational tools without great cost to the Public Administration, and also connected with the performance evaluation, as an instrument of public service improvement.

La regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes ha carecido tradicionalmente de un marco normativo adecuado y específico en el ordenamiento tributario español. La ley 30/1992, sobre procedimiento administrativo común, que en su artículo 35 regula los derechos de los ciudadanos en general con carácter de norma básica aplicable a todas las Administraciones Públicas, establecía sin embargo en su Disposición Adicional Quinta que los procedimientos administrativos en materia tributaria se regirían por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de dicha ley.
La Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes primero, y la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) después, han venido a resolver un vacío que provocaba no pocos problemas en la práctica diaria, pero sobre todo y con la aprobación de esta última se ha configurado un verdadero régimen de protección del obligado tributario de acuerdo con los principios generales establecidos en la Ley 30/1992.
Es objeto de este trabajo el estudio de los derechos y garantías de los contribuyentes en los procedimientos de gestión tributaria, donde repasaremos las principales especialidades en las garantías y derechos que establece la legislación tributaria respecto de las normas administrativas generales, haciendo especial aunque breve mención a la comprobación de valores y a las liquidaciones tributarias, y en concreto en cuanto a las notificaciones, con una gran casuística respecto de la vulneración de las garantías y derechos de los contribuyentes.

La Administración Pública no siempre se ha guiado por modelos de actuación acordes con sus objetivos y obligaciones a la hora de ofrecer resultados satisfactorios a los ciudadanos, dando lugar a lo que se ha venido en llamar una mala Administración. Para contrarrestar sus defectos apareció el derecho-principio de buena Administración como marco de actuación de aquella, pero sobre todo de los empleados públicos, verdaderos artífices de la Administración que reclama la sociedad. Partiendo de una aproximación a tal concepto, analizamos la relación existente entre dicho principio y la actuación del empleado público para el logro de una Administración de calidad, abordando en particular su conexión con la conducta profesional y con la evaluación del desempeño, herramienta esencial, por otra parte, por la información que ofrece a la hora de comprobar el grado de cumplimiento de esa buena Administración.

  Public Administration has not always been guided by models of action according to its objectives and duties in order to offer satisfactory results to the citizens. This has gave rise to what it has been called a bad Administration. In order to counteract its shortcomings the right-principle of good Administration has appeared as a framework of the Administration action, but above all of the public employees, real authors of the Administration that the society demands. On the basis of an approach to this concept we analyze the existing relationship between this principle and the public employee performance in order to achieve the quality in the Public Administration, addressing, in particular, its connection with professional behaviour and job evaluation, which is an essential tool, on the other hand, due to the information it offers to verify the degree of compliance of that good Administration.

El Tribunal Constitucional ha declarado nulos varios artículos de la Norma Foral 16/1989, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de Guipúzcoa, que regulan el método de cálculo de su base imponible, por ser contrarios al principio de capacidad económica, si bien sólo cuando no exista incremento patrimonial. En este artículo revisamos brevemente esta importante Sentencia y realizamos algunas reflexiones previas, a la espera de una ulterior y más sosegada respuesta a la nueva situación creada.

Abstract.-
The Constitutional Court has declared invalid several articles of the Regional Law 16/1989, about Tax on the increase in urban land value in Guipúzcoa, which regulate its tax base calculation method, for being contrary to the economic capacity principle, but only when there is no patrimonial increase. In this article we make a brief review of the foundations of the Judgment and make some previous reflections, expecting a later and calm response to the new situation.

Ha transcurrido una década desde que entrara en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sin que una de sus más destacadas apuestas por modernizar la Administración y el empleo público, la evaluación del desempeño, se haya implantado ni se hayan intentado poner las bases necesarias para su posterior aplicación.
En este artículo repasaremos los aspectos más destacados que aún hoy continúan impidiendo ese necesario cambio de nuestro empleo público y en particular la aplicación definitiva de la evaluación del desempeño, que se traducen en una serie de defectos y amenazas del actual modelo de empleo difíciles de superar, aunque más por falta de interés que por dificultades intrínsecas.

La eficacia constituye un principio esencial en el funcionamiento de la Administración que le impone la obtención de resultados. Esto afecta de manera directa a los empleados públicos como aplicadores de las competencias públicas. Sin embargo, ese deber hacer que les impone la eficacia no se ha acompañado siempre por criterios de eficiencia o ahorro. El EBEP ha supuesto un nuevo impulso a la aplicación conjunta de la eficacia y la eficiencia en la actuación del empleado público, que se plasma necesariamente en el procedimiento administrativo y en la evaluación del desempeño, relaciones que estudiamos en este trabajo.

Las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) en la Administración Pública son casi infinitas, tanto como ámbitos en los que actúa y ciudadanos a quienes sirve. Tecnologías como machine learning, big data o incluso blockchain no deben asustarnos a la hora de implantarla, pues podemos comenzar por sus aplicaciones más sencillas, o utilizar herramientas gratuitas y muy potentes de relativamente fácil manejo.

En este artículo señalamos las posibilidades de la IA en nuestras organizaciones y algunas de sus aplicaciones. En particular, proponemos abordar esta innovación con la aplicación de sistemas básicos de IA para la resolución de expedientes con requisitos fácilmente objetivables o tasados (ej. devoluciones tributarias, beneficios fiscales, subvenciones, licencias…) y se expone un modelo real, sencillo pero efectivo, en materia tributaria.

En el presente trabajo se realiza un análisis de la separación de poderes en la primera Constitución española, la de Cádiz de 1812. Comenzando con un repaso de los sucesos revolucionarios producidos a raíz de la invasión francesa, y las consecuencias que se produjeron en el ámbito político, lo que influenciado por el movimiento liberal europeo, lo que da lugar a la construcción de nuevos conceptos que permiten llevar a cabo un nuevo ordenamiento constitucional, el que sin precedentes en cuanto su integración y sobre todo por el lugar donde se residencia la soberanía, está vez en la nación.

En presente artículo el autor analiza el surgimiento del Estado en su etapa capitalista y las condiciones que lo provocan, transitando desde el feudalismo y la concepción de la desigualdad natural de los individuos, hasta la construcción de la idea política de igualdad de los individuos, como presupuesto para establecer un nuevo sistema de relaciones de poder. El nuevo orden se articula por un centro que distribuye el poder en varias funciones delegadas, a fin de evitar la concentración del poder.

El autor analiza los rasgos esenciales y característicos del pluralismo político en el Estado Democrático de Derecho en España, destacando que el constituyente democrático determino en la propia Constitución de 1978 la existencia de un conjunto de valores superiores de su ordenamiento jurídico los que en definitiva irradian y determinan a la sociedad en su conjunto. Del mismo modo, dichos valores se contrastan con una serie de sentencias de las que permiten observar la aplicación y alcance que han realizado diversos Tribunales tanto españoles como europeos sobre el pluralismo político como un valor determinante para la democracia.

El  presente  artículo  aborda  los  mecanismos  de  control  político que  existen  en sistema  Parlamentario, en  especial  del  Parlamento  sobre  el  Ejecutivo  producto del ejercicio de  la soberanía  dentro  del  sistema  de  legitimación  democrática.  Se  trata  la  moción  de  censura  en  el sistema  constitucional  español  y,  en  particular,  de  la  presentada  contra  el  gobierno  de  Felipe González, de la que se repasa el debate suscitado, los contenidos y justificaciones de cada una de las posiciones de los grupos parlamentarios.

Se examinan los principios de la contratación pública presentes en el Acuerdo de Asociación celebrado entre Chile y la Unión Europea. La igualdad de los oferentes, la transparencia y libre concurrencia son principios que determinan el Acuerdo y pretenden garantizar contrataciones públicas ajustadas a Derecho.

El autor hace un análisis descriptivo desde la perspectiva histó- rica de los sistemas denominados clásicos de control de consti- tucionalidad de las leyes, norteamericano y europeo, abordando sus principales características e implicancias en cada región, para luego estudiar las particularidades de cada modelo, señalando las herramientas que a juicio del autor constituyen elementos inte- gradores de los nuevos modelos de control de constitucionalidad.