Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

En la actualidad, la diversidad sexual se ha posicionado como un tema frecuente en el mundo, una lucha civilizada se desarrolla por el reconocimiento de los derechos de todas las personas con preferencias distintas. Esta lucha se libra tanto en la arena legislativa como jurisdiccional. Gerardo Mata se encarga de algunas preguntas, tales como si la moral de una sociedad o la opinión pública deben prevalecer sobre las preferencias sexuales de una minoría.
Ensayo publicado en Revista Estepario, nº 10 (junio 2016): https://revistaestepario.com/2016/06/14/diversidad-sexual-y-derechos-fundamentales/

"Hoy nos chingamos al estado". "Hasta que la dignidad se haga costumbre".
Publicado en Derecho en Acción, blog del Departamento de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 16 de marzo de 2017: http://derechoenaccion.cide.edu/derechos-humanos-y-la-utilidad-practica-de-las-disculpas-publicas-del-estado-mexicano/

Publicado en Envío, Revista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), nº 40, año 14, julio 2016, Honduras.
Número completo: http://radioprogresohn.net/index.php/invetigacion-analisis/revista-envio/item/3030-revista-env%C3%ADo-honduras-|-año-14-no-49-febrero-2016
Publicado originalmente en El Juego de la Suprema Corte, blog judicial de la Revista Nexos, el 13 de junio de 2016: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=5875

Actualmente, presenciamos dos patologías que aquejan a la democracia: el control político de la información y su control propietario o privado. En Venezuela, el Estado y los medios privados de comunicación ejercen ambos controles. A partir de las dos patologías, se analizará la realidad comunicacional venezolana reciente desde las construcciones teóricas de la hegemonía comunicacional gubernamental y la libertad de expresión. Esta última, desde su desarrollo jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En cuanto al desarrollo jurídico de la libertad de expresión desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), a partir de su primer pronunciamiento en el tema, se reconoció que esta libertad “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, y que tiene tanto una dimensión individual como una social, de ahí que corresponda al Estado no únicamente minimizar sus restricciones, sino también impulsar el pluralismo informativo. Estos estándares pueden ser aplicados a un caso: el de Radio Caracas Televisión (RCTV), recientemente resuelto por la COIDH, que será analizado a partir de un discurso jurídico de pluralismo y libre expresión, así como de un discurso político de hegemonía comunicacional en el contexto particular venezolano, donde el Estado, en vez de diseñar políticas públicas orientadas a propiciar un mayor y mejor estándar de protección e impulsar efectivamente el pluralismo informativo, realiza todo lo contrario. La propuesta es crear y fortalecer las garantías idóneas para que los medios de comunicación públicos y privados se conviertan en instrumentos de emancipación social, y no de dominación.

En este trabajo se parte de considerar al principio pro persona como una cláusula constitucional preferente que, sin embargo, no ha sido tomada lo suficientemente en serio por la jurisprudencia constitucional ni por la doctrina, pues no se trata de una invocación de lo más favorable, benéfico o maximizado, como si fuera algo evidente o intuitivo y, por tanto, carente de cualquier valoración. Desde una visión garantista del derecho, tomarse en serio el principio pro persona implica realizar un ejercicio argumentativo que responda a las preguntas: favorable, ¿para quién?, o, ¿cómo se determina si tal o cual disposición normativa o interpretación es la que favorece a la persona? Así, se propone un entendimiento estructural del principio pro persona que comprende sus sentidos, directrices, dimensiones, elementos, criterios y objetos, en torno a su significado: favorecer la protección de las personas.

Este trabajo es parte de un esfuerzo colectivo que realizamos personas interesadas en contribuir, desde nuestros espacios, a una mejor comprensión de la responsabilidad internacional del Estado hondureño en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto en sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como otras resoluciones y recomendaciones emitidas por otros órganos internacionales.
Los objetivos que perseguimos son, esencialmente, dos: reco- rrer la construcción jurídica del caso hecha por la Corte IDH, para luego responder a la necesidad de situar esa construcción que se hace desde el Derecho; es decir, hacer explícito el contexto de po- der en que se enmarca la producción jurídica de la resolución de este caso.
Capítulo del libro colectivo "Obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y bienes naturales", coordinado por Joaquín A. Mejía Rivera. El libro completo: https://www.academia.edu/37730496/Obligaciones_internacionales_del_Estado_de_Honduras_en_materia_de_derechos_humanos_y_bienes_naturales

En este trabajo se analiza la interpretación conforme como una herramienta de construcción de la argumentación judicial prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las directrices elaboradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su aplicación en cuatro casos resueltos por la Primera Sala de ese tribunal, en temas referidos a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapaci- dad y las parejas conformadas por personas del mismo sexo. A partir de su aplicación, se analizará la doctrina que sobre la interpretación conforme ha ido construyendo la SCJN, sobre su aplicabilidad, sus límites y su vinculación con el principio pro persona.

En México la interrupción del embarazo configura un delito. Sin embargo, todas las legisla- ciones penales admiten por lo menos una causa de exclusión del delito de aborto. A pesar de ello, la mayoría de las leyes de salud del país no contemplan la interrupción del embarazo como un servicio de salud, aún en aquellos casos previstos en las normas penales. En este trabajo se sostiene que esta forma de control sobre los cuerpos de las mujeres, constitucio- nalmente configura una exclusión legislativa derivada del régimen jurídico de salud, que se coloca en uno de los ejes de dominación estructural y que lesiona una serie de derechos hu- manos, dos de los cuales constituyen normas de ius cogens. A partir de este análisis, y desde una perspectiva de garantismo crítico, se discuten las posibilidades del juicio de amparo contra este tipo de exclusiones legislativas.