El embarazo adolescente se dispara en Guatemala

Desde finales de la década de los 70 del siglo pasado, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) acuñó una frase que revela una de las realidades más lacerantes de Guatemala: “Ser niño en Guatemala es una condición de alto riesgo”. Estudios recientes de organizaciones como Save the Children, confirman que esa situación, lejos de remitir, se ha agravado. Un reporte de la ONG, llamado Las múltiples caras de la exclusión (2018), revela que de 28 países evaluados, Guatemala ocupa el último puesto al analizar la gravedad de los riesgos de su niñez. El estudio hace énfasis en las principales carencias: salud, desnutrición, falta de acceso a la educación, trabajo infantil, matrimonios forzados, violencia extrema y embarazos de niñas y adolescentes.

En este último punto, las cifras son alarmantes. Durante el fin de semana, con ocasión de conmemorarse el Día mundial para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, el capítulo local del Observatorio de los derechos de la niñez (Ciprondeni), publicó estadísticas de espanto: de enero a agosto de este año se han registrado 11 embarazos cada día en niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años, y 10 embarazos cada hora en adolescentes entre los 15 y los 19. De acuerdo al reporte, el número de menores con hijos o embarazadas alcanza la escalofriante cifra 965.631, en un país de 16,5 millones de habitantes.

Es un problema secular, cuyas raíces se encuentran en la falta de educación en temas como la salud sexual, un auténtico tabú en la ultraconservadora sociedad guatemalteca y donde las iglesias, particularmente las sectas neopentecostales, adquieren cada día más influencia. “A esto se suma la mentalidad cavernaria que priva a la sociedad del tema de los derechos sexuales y reproductivos”, dice a EL PAÍS el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien subraya que esto no tiene nada que ver con el aborto, entendido como el asesinato de un ser indefenso, que pregonan los sectores oscurantistas.

“Si el Estado no provee una educación de derechos sexuales y reproductivos, los casos continuarán al alza. A esto hay que sumar la impunidad en que quedan estos casos. Estamos hablando de delitos [la ley en Guatemala contempla como violación las relaciones sexuales con menores de 14 años]”, añade Rodas, y conmina al Estado a no guardar un silencio cómplice, a tomar cartas en el tema de educar para prevenir, y la justicia para que no quede en la impunidad. “Es necesario que haya mensajes claros para que eso, un delito abominable, tenga un castigo ejemplar. Falta también un sentimiento de empatía social, ponernos en los zapatos de las niñas a quienes les cortan las alas, les cambian su proyecto de vida”.

Gloria Prado, vicepresidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala, añade un elemento menos conocido pero igualmente devastador: la sodomía de niños y adolescentes. “Son conocidos los casos de las niñas embarazadas, pero se ignoran los miles de casos de niños sodomizados. Y permanecen en silencio porque ellos no quedan embarazados y por el estigma a los que los sometería la sociedad. Al niño le da mucho más miedo y vergüenza contar que ha sido víctima”.

En relación con el impacto emocional y biológico que un embarazo produce en niñas, Prado señala que “una niña no está en la capacidad de criar a otra niña”, a lo que suma que la mayoría de embarazos en las edades de 10 a 14 años provienen de violaciones dentro de su entorno familiar [padres, primos, abuelos, tíos…]. “Las niñas, al no tener la capacidad biológica –muchas, incluso, mueren durante el parto–, emocionalmente no está preparados para criar a su bebé”.

Una situación que tiene costos importantes tanto para las víctimas como para la sociedad. “Hay un costo para la adolescente, que se refleja en la edad adulta y está reflejado en aspectos como la salud y la educación. A su posibilidad de alcanzar metas de acuerdo a sus planes de vida. En el caso de mujeres que fueron madres en la adolescencia, solo un 2% alcanza un título universitario, frente a un 9% de quienes fueron madres en su edad adulta”, comenta Ana Luisa Rivas, oficial a cargo de la oficina en Guatemala del Fondo de Población de la ONU (UNFPA)

Añade que quienes fueron madres antes de los 20 años tienden a permanecer en el hogar, realizando actividades no remuneradas y, cuando pueden participar en el mercado laboral, existe una brecha de hasta el 30% con respecto a quienes lo fueron ya en una edad adulta, lo que también se ve reflejado en la posibilidad de tener acceso a servicios de salud o educación, para cerrar con un mensaje de esperanza: “Hay algunos avances. Ya contamos con un marco legal y normativo robusto. El reto es implementarlo. Tenemos desde 2015 el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, liderado por la Vicepresidencia de la República, donde participan, entre otros, los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social que prevé el abordaje interinstitucional de esta problemática”.