“Todo el sexenio ha habido extorsiones, los cárteles se crecieron”: los cobros del narcotráfico se ceban con el campo en Michoacán

Los productores agrícolas han dejado de cortar los frutos, las empaquetadoras han emigrado, los inspectores estadounidenses han dejado de operar in situ en los sembradíos. El Estado de Michoacán, tierra fértil, para el cultivo de limón, aguacate, toronja, pepino y otros productos agrícolas, también se ha convertido en campo de batalla y botín de los principales cárteles del narcotráfico. Del Cártel Jalisco Nueva Generación, pasando por Los Viagras o Los Blancos de Troya, cada una de estas células criminales ha tomado el control sobre municipios y regiones productoras. La ordeña, a punta de balazos y amenazas, ha arrasado por igual a agricultores, empresario e industriales. De centavos a pesos por kilo, la cuota exigida depende de la zona, el productor y el grupo delictivo. Solo en limón se ha cifrado el cobro de extorsiones en los municipios de Apatzingán y Buenavista, en un rango de 1.000 a 2.000 millones de pesos por año.

La última estampa de esta estela de horror ocurrió el pasado 13 de septiembre con la muerte de don Tito, José Luis Aguiñaga Escalera, de 65 años, presuntamente a manos del crimen organizado. El empresario limonero fue asesinado a balazos en el interior de su rancho Dos Potrillos, a plena luz del día. La información extraoficial del caso apunta a que el ataque fue provocado por la negativa de don Tito a pagar una millonaria extorsión que le exigían, supuestamente, el Cártel de Los Viagras. Don Tito, el mayor de una familia dedicada desde hace más de cuatro décadas al corte y empaque del cítrico, fue despedido un día después al ritmo de banda y ante la mirada de decenas de habitantes de Buenavista.

A una semana del homicidio, la Fiscalía de Michoacán sigue en la fase de entrevistas y recolección de información. Aún no hay detenidos. Los productores limoneros de los municipios de Buenavista y Apatzingán se fueron a paro para protestar por este homicidio, sin embargo, luego de cinco días y ante las presiones de las autoridades locales y de los propios grupos delictivos, han vuelto al campo. Un empresario de una empacadora de Buenavista, que prefiere omitir su nombre por cuestiones de seguridad, refiere que don Tito era un hombre afable, que venía desde abajo y poco a poco fue prosperando en el corte y comercialización del fruto. Él y toda su familia se dedicaban al comercio de los limones desde hace más de 40 años.

El acecho de las extorsiones en el campo no es un fenómeno nuevo, pero ha transitado por distintas épocas. El empaquetador de Buenavista recuerda que las primeras extorsiones, de cuatro centavos por kilo, ocurrieron en 2010 cuando hubo una escisión entre La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, luego, el cobro se trasladó a los grupos de autodefensas y después las mismas bandas repartieron el Estado en facciones: Los Viagras, en Buenavista, Los Caballeros Templarios se quedaron con la parte de Apatzingán y otra fracción de los Caballeros Templarios, bajo el mando de Miguel Ángel Gallegos, Migueladas, controlan la región de Nueva Italia.

“En el Gobierno de López Obrador volvieron las extorsiones. En 2023 le subieron a un peso por kilo de limón, y ahora, subieron a dos pesos, los empresarios estamos viendo que la cosa está muy pesada aquí. El Gobierno es omiso, no hay detenciones de gente importante, solo apagan pequeños incendios. Mire usted, sin denuncias de lo que le pasó a don Tito, imagínese ahora con señalamientos directos, por eso nadie se atreve a poner las denuncias, tendría que haber una voluntad política, se ocupa aquí aplicar la ley de forma más dura porque aquí se hacen las amnistías, pero dejan las extorsiones”, zanja.

Ante el miedo de represalias, los agricultores han optado por la denuncia anónima en redes sociales. “En la región de Tierra Caliente ya estamos cansados, hartos y enfadados de las extorsiones, despojos de tierras, cobro de cuotas, asesinatos, desapariciones forzosas, tráfico, violaciones a jovencitas y muchas atrocidades cometidas por Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias, Migueladas, y su clan familiar. Ya no alcanza el salario ni para comer”, refiere un hombre con el rostro oculto en un descampado en la ciudad de Nueva Italia (Michoacán), en un video difundido en redes sociales.

En la grabación, dirigida al presidente López Obrador y a las autoridades federales y locales, el portavoz aparece flanqueado por una veintena de mujeres, hombres y niños también con el rostro cubierto. El hombre desgrana en poco más de siete minutos la cadena de violencias y extorsiones que, presuntamente, sufren a manos de esta célula criminal los productores de todo tipo de cultivos en el Estado, desde el limón hasta el aguacate, pasando por la toronja, el mango, entre otros productos. La denuncia anónima enfatiza la ordeña sistemática e inseguridad que han obligado a las empresas a cerrar o migrar a otros sitios.“Las cuotas más severas son al limón, cobrando hasta cuatro pesos el kilo al productor y cuatro pesos por kilo al empacador. Todo tipo de sembradío tiene que pagar 10.000 pesos por hectárea”, acusa.

En el norte del Estado, un productor de aguacate que también ha pedido no ser identificado, refiere el hartazgo, la impotencia y la frustración de tener que pagar el llamado derecho de piso para seguir operando. “Está de la chingada la seguridad. Todo el sexenio ha habido extorsiones, los grupos se crecieron, ya se metieron con el aguacate porque traen una guerra entre ellos y piden que les pagues y cómo no vas a pagar si estás gentes son de aquí, conocen dónde vives, quiénes son tus familiares. Está horrible la cosa. Me siento totalmente indefenso, agredido, enojado porque tanto tiempo que te cuesta hacer un patrimonio y ellos, tranquilamente, te piden que cooperes para su guerra”, reclama.

Con el enojo contenido en la voz, el productor contrasta las realidades del llamado oro verde. En Estados Unidos, el aguacate mexicano va ganando mercado con miles de cajas anuales de exportación, mientras que en el Estado, los cortadores y empaquetadores viven bajo el yugo de los grupos criminales. “El Gobierno no está proporcionando la seguridad, los militares no hacen nada y, entonces, qué hacemos, mantenernos callados y pagando”, concluye.

Ante el aumento de riesgo en Michoacán, el Gobierno de Estados Unidos ha retirado a sus inspectores estadounidenses de las huertas de aguacate. A partir de ahora, sus connacionales en tierras mexicanas, solo harán trabajo documental, mientras que las tareas de vigilancia se han trasladado a las autoridades mexicanas. Tanto México y EE UU eludieron dar más detalles sobre esta retirada del personal extranjero, sin embargo, los productores locales y expertos agrícolas no tienen duda, este súbito cambio operativo atiende al clima de violencia en la zona.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) ha cifrado hasta en 2.000 millones de pesos el cobro anual de extorsiones para los limoneros en los municipios de Buenavista y Apatzingán. El director de la consultora, Juan Carlos Anaya, explica que el fenómeno crece por la falta de Estado de derecho, lo que incentiva que este crimen crezca y las víctimas tengan miedo a denunciar. El cálculo referido a partir de sondeos a productores supone una punta del iceberg a un boquete de millones de dólares al año en el territorio nacional.

En este sentido, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, declaró recientemente a la agencia Reuters que la extorsión no solo es un factor importante en la inflación, sino que su influencia impacta en el crecimiento del país. “Tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta que no solo es un factor relevante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que afrentamos”, dijo. Desde su trinchera, la patronal de empresarios, Coparmex, también ha alzado la voz para denunciar que el cobro de cuotas por parte de bandas delictivas ha venido al alza. De acuerdo con sus datos, la extorsión se ha situado como el segundo delito, después del robo de mercancía, que sufren los empresarios.

A diez días de que concluya el Gobierno del presidente López Obrador, la sangría en pesos y centavos por las extorsiones no cesa. La violencia e inseguridad que comenzó en los sembradíos de aguacate y de limón, ha extendido sus tentáculos a la cadena agrícola de Michoacán, pero también de otros Estados como Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas, entre otros. Desde el productor que corta hasta el industrial que transforma el zumo de estos frutos asumen como un impuesto más el llamado “derecho de piso”. Entre el enojo y la indefensión, las víctimas barajan sus pocas opciones: seguir pagando este obligado diezmo al cártel en turno, trasladar sus operaciones a otra ciudad o, de plano, echar la cortina abajo.

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