Las familias de Ayotzinapa denuncian que la Fiscalía analiza restos óseos sin contar con sus peritos

Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han denunciado este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza restos óseos hallados en búsquedas estos años, sin contar con sus peritos, ignorando además el camino habitual en este caso, el envío de cualquier fragmento al laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Las familias han explicado además que la FGR planea usar una técnica problemática, que consiste en obtener ADN mitocondrial de los restos, cuyo grado de certeza es muy inferior a la habitual en este caso, que parte de la obtención de ADN nuclear.

En conferencia de prensa, madres y padres de los 43 han anunciado que rechazaran cualquier resultado que obtenga la Fiscalía. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Santiago Aguirre, parte del equipo legal que representa a las familias, ha informado de que, en cuanto supieron de los movimientos de la FGR, él y sus colegas se pusieron en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos que han acompañado el proceso estos años. “Nos confirmaron que no les han hecho parte de estos trabajos. Insistieron en que la identificación vía mitocondrial en este caso es problemática y reiteraron que en años del gobierno de Enrique Peña Nieto, esa fue la vía que condujo a una identificación en falso”.

Aguirre se refería al caso de uno de los 43, Jhosivanni Guerrero. En años de Peña Nieto, los investigadores encontraron restos cerca de Iguala, lugar del ataque contra los 43, que, analizados vía mitocondrial, arrojaron una identificación positiva. Los huesos, decían, habían sido en vida de Guerrero. Ante las protestas de las familias por el proceso, la vieja Fiscalía rechazó los resultados. Ya en estos años, bajo el Gobierno de López Obrador, los investigadores hallaron un hueso lejos de donde se hallaron los otros que, analizado vía ADN nuclear, resultó ser de Guerrero.

La FGR no ha informado de todo este asunto. Aguirre ha dicho que simplemente les dijeron “que habían obtenido perfiles genéticos [de restos óseos] para intentar la vía mitocondrial”. Se ignora de cuántos restos se trata o en qué lugares se encontraron. A casi diez años del ataque contra los normalistas, las autoridades han identificado con toda certeza restos de tres de los 43, el propio Guerrero y Christian Rodríguez, cuyos restos aparecieron en una barranca entre 2019 y 2021, y Alexander Mora, cuyos huesos aparecieron en circunstancias controvertidas, poco después del ataque, en un río cercano a Iguala.

Las familias también han criticado la narrativa del Gobierno sobre sus exigencias, centradas en la entrega de cientos de documentos de espionaje militar, que podrían contener información sobre el ataque, los perpetradores, y el posible destino de los muchachos. Mario González, uno de los padres, ha dicho: “No es por consigna que queremos que se investigue al Ejército. Es que hay una conversación [en los documentos de espionaje entregados] de que algunos cuerpos estaban en una laguna. O sea, quién hizo esta conversación, cuando, con quién. Por eso la exigencia. No es por consigna contra el Ejército, como dice el presidente”.

González se refería a uno de los 15 documentos que la Secretaría de Gobernación entregó a los abogados de las familias en junio, tras la última reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entre esos 15 documentos, que EL PAÍS dio a conocer a principios de mes, hay uno del 4 de octubre de 2014, poco después del ataque, que dice: “Se obtuvo información técnica del área de Iguala, Guerrero, [de] que en la colonia Jardines del Sol, por Pueblo Viejo, encontraron una fosa clandestina con 14 cuerpos, al parecer de los estudiantes normalistas; asimismo, una persona le pregunta a su interlocutor si ya encontraron los cuerpos en La Laguna”.

Es esta última mención a La Laguna lo que ha sorprendido a las familias, que no habían escuchado una referencia así anteriormente. Dice Aguirre: “Queremos saber qué laguna es, que seguimiento se dio a esta información, qué personas conversaban, desde que números, porque se les seguían, que paso antes y después... Todo eso no tiene respuesta y nos parecen preguntas legítimas”.

El abogado ha concluido negando la interpretación de lo acontecido alrededor del caso estos años que hace López Obrador. “Se viene diciendo que se señala al Ejército por ideología o para debilitar la institución. Pero el señalamiento no es ideológico, no es necedad, no es motivado por otros intereses que no sean llegar a la verdad”, ha dicho. Luego ha añadido todos los detalles que apuntan al Ejército en el caso: “Es un hecho probado, que el Ejército se desplegó en Iguala, incluso con personal de inteligencia de paisano, y presenció, sin intervenir, la desaparición de los muchachos. Luego ocultaron esto cuando fueron a declarar. Además, en estos 10 años, el Ejército ha dado información a cuentagotas. En el presente tenemos más elementos, como los mensajes de texto obtenidos por una intervención legal que hizo la DEA, en que Guerreros Unidos [organización que perpetró el ataque] hablan de su continua connivencia convivencia con el Ejército, de ir a dejar dinero al batallón, y mencionan por apellido a los militares que intervienen”.

“Es una prueba objetiva, no son mensajes inventados”, ha añadido. “Y aunque son mensajes previos al 26 de septiembre de 2014, día del ataque, debe investigarse. Y finalmente, hay testigos que aseguran que hubo participación activa de militares del 27 batallón en la desaparición. Son testigos de la investigación, no son de las familias o nuestros”, ha zanjado. Las familias de los 43 tienen previsto reunirse de nuevo con López Obrador el 3 de julio.

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