António Costa tiene al enemigo en casa

Pocas horas después de la cena informal celebrada el lunes en Bruselas para negociar los próximos cargos comunitarios, la cadena CNN Portugal difundió la transcripción de una conversación telefónica ocurrida el 5 de marzo de 2023 que ha sacudido la candidatura del ex primer ministro António Costa para presidir el Consejo Europeo. En ella, el entonces gobernante socialista indicaba de forma indirecta a su ministro de Infraestructuras, João Galamba, la conveniencia de despedir a la presidenta ejecutiva de la aerolínea estatal TAP, la francesa Christine Ourmières-Widener, tras el escándalo provocado por la indemnización de medio millón de euros para forzar la salida de la antigua administradora de la compañía, Alexandra Reis. “Ya hablé con Fernando [Medina, ministro de Finanzas] y políticamente no nos zafamos manteniendo a la señora (...). Si esto se vuelve un infierno, es ella o nosotros”, afirma Costa, que sugiere también el nombre del sustituto, el presidente de la aerolínea regional SATA, Luís Rodrigues.

Al día siguiente de la conversación, una de las muchas pinchadas a Galamba durante cuatro años de escuchas ordenadas por la Fiscalía mientras investigaba la tramitación de proyectos empresariales, los ministros de Finanzas e Infraestructuras anunciaron el despido de Christine Ourmières-Widener por “justa causa”. La ejecutiva francesa exige ahora en los tribunales una indemnización de 5,6 millones de euros a TAP, que pertenece al Estado portugués, por considerar que su salida obedeció a motivos “políticos”. Sus abogados tendrán el trabajo más fácil tras la filtración, pero nadie cree que ese fuese el objetivo. La divulgación, escribió este sábado el historiador y político del Partido Social Demócrata (PSD) José Pacheco Pereira en el diario Público, “tiene un único objetivo: perjudicar la candidatura de António Costa a la presidencia del Consejo Europeo”.

La indignación por la difusión de algo bajo secreto judicial es transversal. Rui Rio, exlíder del PSD (centroderecha) y antiguo rival de Costa, sostiene que no es “inocente” el momento elegido para airearla. “Cuando una escucha no tiene ninguna relevancia criminal, esto se parece a lo que ocurría con la PIDE [la policía política que espiaba a los portugueses durante la dictadura] antes del 25 de Abril. ¿Escuchamos a los ministros mientras hablan con la familia o con el primer ministro? ¿Queremos hacer esto al actual Gobierno? Yo no quiero y, por tanto, tampoco quiero que se lo hagan a otro Gobierno, aunque no sea de mi partido”, declaró en el canal Now Rui Rio, que también sufrió un espectacular registro en su casa por una investigación sobre los salarios de empleados del partido. “No asistimos a una investigación criminal, sino a una especie de vigilancia e injerencia sobre actos de gestión política”, criticó la portavoz del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.

La conversación tiene relevancia para el caso de la TAP, pero carece de relación con la investigación que estaba realizando la Fiscalía sobre la aprobación de un centro de datos en Sines y otros proyectos energéticos. Este proceso, bautizado como Operación Influencer, estalló el 7 de noviembre de 2023 con registros en 42 edificios oficiales, incluida la residencia del entonces primer ministro Costa, y la detención de cinco personas, entre ellas su jefe de gabinete, Vítor Escária, que guardaba 75.000 euros en billetes en su despacho oficial. Las fotos de los sobres con el dinero y sus escondrijos también han sido filtradas esta semana. Costa presentó su dimisión el mismo 7 de noviembre, tras anunciarse que estaba siendo investigado por el Tribunal Supremo.

“Lo que está ocurriendo en el sistema judicial en los últimos tiempos es de gran gravedad, ataca el Estado de derecho y rebasa las competencias de quien tiene la obligación de garantizar el respeto por los derechos, las libertades y las garantías. Escuchar durante años a un ciudadano, mantener las grabaciones que no tienen relevancia criminal y divulgar las conversaciones tiene que merecer nuestro repudio e indignación”, escribió la exministra socialista de Asuntos Sociales Ana Catarina Mendes en la red social X (antes Twitter). “Siempre han existido fugas y violaciones del secreto judicial. Como ministra solo me resta condenarlas, pero no extraigo de aquí teorías conspirativas”, manifestó la actual titular de Justicia, Rita Júdice, en la SIC Notícias.

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación interna sobre la filtración, otro episodio que mina su credibilidad tras el pinchazo de la Operación Influencer, presentada como un escandaloso caso de corrupción y desinflada por dos instancias judiciales. En la última resolución del Tribunal de la Relación de Lisboa, se concluía que no había indicios “ni fuertes ni flacos” para sostener la existencia de un delito de tráfico de influencias que envolviese a Costa y a los cinco detenidos. Los sucesivos errores del Ministerio Público han llevado a un centenar de personalidades a firmar un manifiesto para pedir una reforma de la justicia que acabe con “los espectáculos mediáticos” y “los abusos” de los investigadores. “Las frecuentes violaciones del secreto judicial, con participación activa de los medios, dan lugar a juicios populares, boicotean la investigación y atropellan los derechos de muchos ciudadanos”, señalan en el escrito firmado por antiguos ministros y juristas.

Hace pocas semanas, António Costa declaró por vez primera ante los fiscales sin que, en aquel momento, fuese interrogado sobre las grabaciones que ahora han salido a la luz. Casi ocho meses después del estallido del caso, sigue sin ser imputado ni liberado de sospechas. Un limbo jurídico que sus detractores en Bruselas usan para minar sus opciones a presidir el Consejo Europeo, como aprovechó el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha reclamado que se clarifique su situación judicial.

La filtración no es el único fuego amigo que ha recibido esta semana. El viernes se aprobó su citación en la comisión parlamentaria de investigación sobre un caso de enchufismo del hijo del presidente de la República, Nuno Rebelo de Sousa, que intervino para acelerar el tratamiento a dos bebés lusobrasileñas enfermas. Hasta el momento nada apunta a la implicación del ex primer ministro en el asunto, pero los populistas de Chega, en horas bajas tras las elecciones europeas, donde se quedaron por debajo de sus expectativas, lograron sacar adelante su petición gracias al apoyo del PSD.

Costa es tan aficionado a los puzzles como a la política. En los movimientos para consolidar su figura internacional no ha dado puntada sin hilo desde que, en algún momento, pareció cansarse de gobernar Portugal tras una pandemia, una guerra y una crisis inflacionaria, y comenzó a soñar con hacer política en Bruselas. Su principal obsesión interna, una rigurosa política de control presupuestario que mejoró la deuda y el déficit a costa de desatender los servicios públicos, mereció aplausos en Europa. Tiene talento para construir consensos –empujó con otros para sacar adelante los fondos Next Generation– y para caer bien. Ambos los ha desplegado tanto con sus correligionarios como con políticos distanciados en lo ideológico como Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Viktor Orbán o Emmanuel Macron.

Con Bruselas en la cabeza, antes incluso de las elecciones generales, el socialista consultó con Luís Montenegro, líder del PSD y ahora primer ministro, si le apoyaría en la carrera comunitaria. La respuesta fue afirmativa. A pesar de sus diferencias políticas, Montenegro se ha convertido en uno de los principales defensores de su candidatura. Costa parecía contar con todas las piezas domésticas encajadas, pero esta semana algunas han mostrado que están fuera de control.

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