La Fiscalía Europea investiga a 104 agricultores en Andalucía por un fraude masivo de ayudas de la PAC

La Fiscalía Europea investiga a 104 agricultores y otros cinco empresarios andaluces por un fraude masivo en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), a los que acusa de falsedad documental y fraude de subvenciones y ayudas públicas. El presunto cerebro de la trama es Juan Ortiz Alconchel, empresario y exconcejal del PP en Écija (40.000 habitantes), quinta localidad de Sevilla por población. La esencia del fraude era ofrecer fincas a través de una empresa a los agricultores para que estos las declarasen como barbecho y así cobrar subvenciones, pero ese alquiler era falso.

La investigación se abrió hace dos años cuando la Junta advirtió del supuesto engaño al organismo europeo para detallarle el desvío de fondos Feaga y Feader mediante un sistema para ganar dinero gracias al alquiler falaz de fincas. El fraude a la política agraria común, cometido entre 2017 y 2021, asciende a unos tres millones de euros y hace un año la policía tomó declaración en comisaría como detenidos a 23 agricultores y personas vinculadas a Quitogrande SL, la empresa que mantuvo supuestamente una estructura criminal que operaba en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera (Cádiz). Los agentes pidieron a los fiscales inmovilizar 18 cuentas bancarias, seis fincas, tres garajes, y activos financieros de los principales imputados.

La empresa Quitogrande SL alquiló 222 fincas en 2021 sin ser propietaria de ellas a agricultores que necesitaban terrenos para declararlos en barbecho y así poder recibir las ayudas de la PAC. Para recibir estas subvenciones, el agricultor debe acreditar que una parte menor de su suelo cultivable se queda sin plantar para que se recupere del uso de fertilizantes. Es decir, los agricultores confiaban en que Quitogrande les alquilaba tierras en sitios alejados, que en realidad pertenecían a otros propietarios por completo ajenos a la transacción económica, por lo que se llevaba a cabo una simulación de títulos de arrendamientos de las parcelas. La mayoría de los agricultores receptores de las ayudas europeas ha defendido en sus declaraciones como imputados que desconocían la propiedad real de los terrenos, pero la policía sostiene que otros sí conocían el engaño a las arcas públicas.

Ortiz Alconchel, empresario y antiguo jefe de ventas de la cooperativa Coesagro durante 27 años, rechaza su papel de creador de la trama que le atribuye la policía y se presenta como una víctima más: “Yo soy un estafado más. Contacté con el corredor de fincas Antonio Moreno [también investigado], que había puesto un anuncio en internet, me hizo un mandato y yo hice los contratos de arrendamiento con los agricultores, a los que devolví el dinero. Tengo mucho material para defenderme, aunque para la policía soy un ogro”, lamenta.

¿Por qué no visitó las fincas para comprobar su titularidad?

-Cometí el error de no hacer la labor policial de comprobarlas. Tenía plena confianza en Antonio y él me dijo que tenía autorización para alquilar. Le pagué con una trazabilidad (…) Mi hermana [asimismo imputada] se metió en la empresa para no pagar la cuota de autónoma.

Ortiz Alconchel, desvinculado ya del Partido Popular que lo expulsó cuando se desarticuló la trama, mantiene las empresas de control de plagas South Pest ECP y la de propiedades inmobiliarias Wicostos. La policía definió así el papel del empresario: “Actuó como el instrumento necesario para la consumación del fraude creando situaciones artificiales que sin su actuación fraudulenta no reunía los requisitos para recibirlas´”. De su hermana Alicia Matilde, los agentes apuntan: “Ha participado en diferentes contratos relacionados con los fraudes investigados (…) Es perfecta conocedora de la forma de actuar de Quitogrande y sus relaciones con sus clientes”.

Sobre su devolución del dinero a los agricultores, la policía acusa en su informe: “Existen pagos de Quitogrande a los solicitantes en concepto de devolución de renta. El objeto de los contratos es el arrendamiento de una finca, por lo que no se entiende que se devuelva la renta una vez finalizada el alquiler, salvo que el verdadero objetivo sea obtener la subvención”.

En 2022 la Junta detectó anomalías en varios expedientes en los que aparecía Quitogrande como arrendadora de tierras muy alejadas de su origen domiciliario. Eran tierras declaradas como barbecho tradicional o sin producción, en ubicaciones dentro del entorno de un Parque Natural, zonas agrestes o entre invernaderos. “En ningún caso la sociedad arrendadora era titular catastral”, resumió la consejería andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en su informe. La investigación la lleva a cabo agentes de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Policía.

La Junta comprobó los contratos solo de la campaña de 2021 e identificó 104 agricultores, con 1.966 hectáreas, beneficiados por las ayudas europeas donde constaba Quitogrande como arrendadora sin ser titular catastral. La firma alegó ante la Junta que había cerrado contratos de mandato con los dueños de las tierras o con intermediarios, aunque reconoció no haber arrendado cinco parcelas, a pesar de que figuraba como propietario ante la Administración.

La mayoría de los agricultores propietarios de las tierras que alquiló Quitogrande, 76 de un total de 194, confirmaron que sus parcelas no estaban arrendadas, ni habían cerrado contrato alguno para alquilarlas. Ocho de ellos declararon que tenían alquiladas las tierras para cultivo de temporada o para parques solares fotovoltaicos y no habían pedido ayudas a la PAC. Por último, cuatro de ellos declararon que habían vendido sus tierras a otros agricultores, pero en ningún caso había sido Quitogrande. Andalucía es la principal destinataria de estas subvenciones de la PAC. El año pasado la comunidad recibió 1.320 millones en estas ayudas agrícolas, de acuerdo con los datos oficiales.

En la trama, la sociedad Campos de Valdedios era la que cedía las parcelas a Quitogrande, aunque no tenía actividad real, según la policía. “Fue interpuesta en el proceso ficticio de cesión de fincas para impedir la trazabilidad de la responsabilidad en caso de fiscalización administrativa o penal”, concluyeron los agentes. Es decir, se creó para despistar y confundir en caso de que se levantaran sospechas.

La organización usó al ingeniero técnico agrícola Miguel A. para firmar informes periciales de parcelas repartidas por toda Andalucía para certificar que las fincas cumplían con las condiciones para solicitar las subvenciones. En solo un mes a principios de 2022, dicho ingeniero hizo, según su testimonio, una inspección ocular de 95 parcelas repartidas por Granada, Sevilla, Cádiz, Almería y Málaga. “Certificó parcelas pertenecientes a un aeropuerto o a la instalación de placas solares con recinto cerrado, lo cual demostraría que ni siquiera conoce la ubicación de las mismas, o de conocerlas emite el informe a sabiendas de su improcedencia”, censura la policía.

Coesagro, una gran cooperativa agrícola con unos 200 socios y 14.000 hectáreas en el noreste de la provincia de Sevilla, fue el vehículo inicial que Ortiz Alconchel usó para encontrar agricultores y ofrecerles el alquiler de fincas. Su presidente, Manuel Onieva, ha rechazado opinar para este reportaje. La Fiscalía Europea ha eludido asimismo pronunciarse sobre el proceso judicial en marcha a preguntas de este diario.

Los investigadores defienden en su atestado que la connivencia de ciertos agricultores con la trama era patente: “Existen expedientes en los que se demuestra que los solicitantes son conocedores de la práctica descrita. Constan parcelas objeto de ayuda que se sitúan dentro de un aeropuerto civil, en una base militar, son parques de placas solares o están siendo labradas por el propio titular. Este hecho demuestra que, por parte de los beneficiarios de las ayudas, se actúa con dolo e intencionalidad, creando condiciones artificiales para poder ejecutar los derechos en terrenos sobre los que conscientemente no se ostenta titularidad alguna”.