El juez encarceló al autor del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate por temor a que se fugase a Marruecos

El riesgo de que Karim El Baqqaly, autor confeso de la muerte de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez el pasado febrero en el puerto de Barbate (Cadiz), huyera a Marruecos en una narcolancha de la organización de narcos para la que trabajaba fue “por sí solo” el principal motivo esgrimido por la justicia para enviarlo a prisión provisional el pasado viernes. Así lo detalla el auto judicial dictado aquel día por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad gaditana, Ángel Rojas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. En su resolución, el juez añade que el detenido, de nacionalidad marroquí y 32 años de edad, había admitido en su declaración que él pilotaba la narcolancha que embistió la zódiac en la que iban los dos fallecidos junto a otros cuatro compañeros. Durante este testimonio, el investigado defendió que fue por accidente y se mostró “dispuesto a ayudar y reparar el daño causado”, detalla el auto. El Baqqaly ingresó ese día en prisión provisional en el Centro Penitenciario Puerto II, situado en la localidad gaditana de de El Puerto de Santa María, según han confirmado fuentes penitenciarias.

En su resolución judicial, el juez Rojas destaca que el autor confeso de la muerte de los dos agentes presenta un riesgo de fuga “muy relevante”. Además, insiste en que con su encarcelamiento se busca también que no intente obstaculizar las pesquisas pendiente mediante la destrucción de pruebas ―”puede intentar influir en los distintos testigos”, recoge― y la necesidad de evitar que vuelva a delinquir, pues no tiene “un trabajo conforme a la ley” y cuenta con antecedentes por delitos contra la salud pública y contrabando. El Baqqaly está investigado en esta causa por dos delitos de asesinato consumado, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado a los agentes de autoridad, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal.

El auto judicial, de 11 páginas, no ha sido trasladado de forma íntegra a las partes, ya que parte de la causa sigue secreta. El pasado jueves, el mismo día en el que la Guardia Civil detuvo a El Baqqaly, el juzgado de Barbate emitió tres órdenes internacionales de detención contra otras tantas personas, también ocupantes de la narcolancha que embistió mortalmente el 9 de febrero a la zódiac de los guardias civiles, al tener constancia de que abandonaron España poco después del crimen. En esta misma causa secreta han prestado declaración como testigos los primeros acusados por el asesinato de los agentes, que fueron exculpados del crimen en mayo tras un informe de la Guardia Civil que concluía que su narcolancha no había sido la que había asaltado a los agentes, y que quedaron en libertad en julio.

Con su decisión de enviar a El Baqqaly a prisión, el juez atendía la petición la Fiscalía, que había reclamado esta medida tanto por la gravedad de los delitos como por la importancia de las penas que se le podrían imponer y que, según destaca, puede llegar a ser la prisión permanente revisable. El ministerio público incidió precisamente en que existía la “posibilidad” para el investigado “de huir fácilmente haciendo uso de embarcaciones de alta velocidad facilitadas por la organización a la que puede pertenecer” ―un grupo comandado por una capo apodado Puspus, que además es su tío― o en el hecho de que Marruecos, el país de origen de El Baqqaly, no conceda la extradición de sus nacionales.

Las acusaciones, tanto particulares como populares, se sumaron a lo manifestado por la Fiscalía. Incluso, el abogado de El Baqqaly no se opuso a la petición del fiscal, aunque pidió que se valorara el esfuerzo realizado por el arrestado. “Se ha presentado voluntariamente, ha reconocido los hechos y ha colaborado con las autoridades”, destacó la defensa, que según el escrito judicial pidió que fuera ingresado en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz). Su abogado también incidió en que cliente sostiene que los hechos que desembocaron con la muerte y las lesiones de los agentes se produjeron “accidentalmente”.

La reconstrucción de los hechos que incluye el auto, sin embargo, no da credibilidad a esa supuesta accidentalidad. Según el relato judicial, “Karim El Baqqaly, pilotando dicha embarcación, y previa realización de varias aproximaciones a escasos metros de la zódiac de la Guardia Civil, se alejó a una distancia suficiente que le permitió volver hacia el lugar exacto donde se encontraban los agentes sin desviar la trayectoria para, finalmente, colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial, con el ánimo de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban, y con conocimiento pleno de la diferencia de tamaño y envergadura entre ambas embarcaciones, además de conocer la condición de agentes de la autoridad de las personas que tripulaban la zódiac y de sus escasas posibilidades de defenderse del ataque”.

El auto judicial considera, por ello, que en los hechos que se investigan concurren “indiciariamente” los elementos del delito de asesinato. Destaca que la colisión tuvo lugar empleando una embarcación que “prácticamente triplicaba el peso y el tamaño de la empleada por los agentes”, que el investigado era “consciente de la posibilidad de producir la muerte” y señala que “incluso abandonó el lugar de los hechos dejando a los agentes heridos en el mar”. Sobre el resto de delitos, destaca que también hay indicios del delito de contrabando consumado porque pilotaba una embarcación que por sí sola constituye un género prohibido, aunque todavía está pendiente la tasación, y sobre su supuesta pertenencia a una organización criminal manifiesta que el investigado no era el propietario de la embarcación y recibía “órdenes de sus superiores en cuanto al empleo y pilotaje de la misma”.

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL, mayoritaria entre los agentes y que ejerce la acusación en la causa) destacó tras el envío a prisión de El Baqqaly que los informes policiales en poder del juez contradicen la versión del investigado de que el choque fue un accidente. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) insistió en que llegarán “hasta el fondo” para que sean enjuiciados “todos y cada uno de los que han tenido algún grado de participación”. Además, la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), añadió, a través de su letrado, Jorge Piedrafita, que seguirá trabajando de forma activa para esclarecer los hechos y que se haga justicia para todos los guardias civiles.