La ley que ha impuesto cerca de dos millones de ‘mordazas’ en forma de multas

Tres adelantos electorales, una legislatura fallida y la crisis sanitaria provocada por la pandemia mantienen viva, nueve años después de entrar en vigor, a la ley de seguridad ciudadana ―más conocida como ley mordaza―, una polémica norma que el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante en 2015 para hacer frente a las movilizaciones sociales contra sus recortes a raíz de la crisis económica de 2008 gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces en el Congreso. Desde entonces, los intentos para derogarla o, al menos, reformar sus aspectos más lesivos para las libertades públicas han sido infructuosos y ello a pesar de que cuando se aprobó los entonces partidos en la oposición, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y anunciaron que acabarían con ella si llegaban al poder. El último episodio se ha vivido este martes, cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba un pacto con los socialistas que incluía lo que, por error, describió como una derogación de la norma, algo a lo que ya hace tiempo ni su partido aspira.

Entre 2015 y 2022, últimos datos recogidos en las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior, la ley mordaza ha servido para imponer 1.817.478 multas, de las cuales cerca de una cuarta parte corresponden a dos únicos artículos, el 36.6 que sanciona la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse ante las fuerzas de seguridad, y el 37.4, que multa las faltas de respeto a la autoridad. Todas estas cifras hubieran sido muy superiores si el Constitucional no hubiera provocado la anulación de 1,14 millones sanciones impuestas entre el 14 de marzo de 2020, día que se decretó el estado de alarma por la pandemia, y el fin de las restricciones el 21 de junio de aquel año, y que ya han sido excluidas de las estadísticas oficiales.

La cuestionada norma regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría, antes estaban incluidas en el Código Penal como faltas. La ley afecta desde entonces a derechos como el de manifestación, creando nuevas conductas punibles, y sustrayendo de la intervención judicial su penalización. Así, la norma aún en vigor contempla imponer multas de entre 100 y 600 euros para aquellas personas que se manifiesten sin comunicarlo con carácter previo a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno o sancionar como organizador o promotor de las mismas a una persona concreta por el mero hecho de portar banderas o pancartas. La ley también considera “perturbación grave de la seguridad ciudadana” las protestas frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas autonómicas, que son consideradas infracciones graves (sancionables con multas de entre 601 a 30.000 euros), en lo que se interpretó entonces como un intento del PP incluyó de frenar las movilizaciones bautizadas como “rodea el Congreso” que se produjeron a raíz del descontento con su gestión.

Nueve años después, la vía judicial ha quedado arrumbada después de que el Tribunal Constitucional avalase en enero de 2021 la norma salvo en uno de sus artículos. Y la legislativa sigue atascada después de que los partidos que han defendido su fin hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo para pactar el verdadero alcance de su reforma. Mientras tanto, la ley mordaza sigue aplicándose. En su último informe sobre la ley mordaza, del pasado 1 de julio, Amnistía Internacional (AI) denunciaba casos concretos de aplicación de la polémica norma a colectivos, como el grupo vecinal No a la Tala en Madrid, cuyos miembros se oponen a la eliminación de árboles por diversas obras del Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional, y que “acumula 20.000 euros en multas” por sus protestas. O el Sindicato de Vivienda de Carabanchel [un distrito de Madrid]”, que ha recibido sanciones por un valor superior a los 44.000 desde 2021. O los 21.000 euros a estudiantes del grupo Defendemos Palestina en sus movilizaciones por la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense de Madrid.

Amnistía Internacional lleva años denunciando que la ley de seguridad ciudadana ha impactado “negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica” y ha reclamado insistentemente su reforma. No es la única. El Defensor del Pueblo ha urgido a los partidos de manera recurrente en sus informes anuales la reforma de la ley para cambiar “los aspectos más polémicos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad”. Y en 2018, la máxima responsable de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, remitía una carta al Congreso y el Senado en el que mostraba la inmensa preocupación que suscitaba en las instituciones europeas la ley. En aquella misiva, Mijatović reclamaba el fin de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares ―una figura que el PP legalizó en una disposición adicional incluida a última hora en la ley mordaza― y criticaba que la norma otorgaba a los miembros de las fuerzas de seguridad un “amplio margen de discreción” para interpretar la normativa, lo que en su opinión se traducía en “limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

Sin embargo, no todos claman por la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Además del PP, como promotor de la norma, Vox también se ha opuesto a cambiarla. Ambos partidos y Ciudadanos han arropado en los últimos años las movilizaciones que sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han convocado para protestar por la intención del bloque de investidura de modificarla. Este martes, tras las palabras de la vicepresidenta Díaz, las organizaciones de agentes salían en tromba con comunicados para mostrar su malestar por el anuncio de la vicepresidenta. Los representantes policiales se quejan de que algunas de las modificaciones a la norma que se han planteado en los últimos años dificultarían su trabajo y les pondría en riesgo a ellos. En concreto, aquella que permite difundir imágenes de ellos grabadas durante su actividad profesional; la que elimina la presunción de veracidad de los policías; la que abre la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicación previa; o la que reduce de seis a dos horas del tiempo máximo de retención de una persona para su identificación y obliga a devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisaría. Buenas parte de estas objeciones ha sido rebatidas por el Ministerio del Interior, que insiste en que las modificaciones legales propuestas no tienen las consecuencias que denuncian los agentes.

Pese al anuncio de este martes de la vicepresidenta sobre el acuerdo de su formación con el PSOE y la proposición de ley presentada por su partido de mayo, las discrepancias existentes entre los partidos del bloque de investidura sobre cuatro puntos de la reforma augura que el acuerdo no será ni rápido ni sencillo, según reconocen fuentes de las otros grupos parlamentarios. Entre ellos, el que presenta más diferencias es el referido al artículo 23.4, en el que se aspiraba a abordar el uso policial de las pelotas de goma, un material que ERC y EH Bildu exigen eliminar, y que los socialistas ya han anunciado que no eliminarán bajo ningún concepto. También hay diferencias, aunque menores, en el artículo 36.6, que castiga “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” y que fue masivamente utilizado durante la pandemia para sancionar a los que se saltaban el confinamiento; y en el artículo 37.4, el que castiga las faltas de respeto a las policías. Finalmente, sobre las devoluciones en caliente, los seis partidos partían de una coincidencia: esta figura debería estar en otra norma, la ley de extranjería, sobre cuya reforma se está hablando precisamente también ahora.