Lucha contra los bulos y despolitización: ideas para regenerar la democracia

Diciembre de 2017: el PP propone “impulsar métodos para determinar la veracidad de informaciones”. Al PSOE no le gusta: “Se desliza hacia un simple recorte de libertades y hacia la censura”. Noviembre de 2020: el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado en el BOE por orden del Ministerio de la Presidencia (en manos del PSOE), establece la posibilidad de que el Gobierno monitorice las redes a la búsqueda de noticias falsas para dar una “respuesta política”. Al PP no le gusta: “No solo atacan a la prensa crítica y señalan a periodistas, sino que crean un orwelliano Ministerio de la Verdad. Un ataque intolerable a la democracia”, declara Pablo Casado. Y abril de 2024: el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, denuncia el daño que los “pseudomedios” o “máquina del fango” hacen al sistema y anuncia un plan de regeneración democrática que no concreta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde: “Nos quieren censurar”.

El problema es viejo, ha inquietado en distintos momentos a diferentes partidos - también Vox presentó en 2020 una “proposición de ley de regulación parcial de la verificación de noticias falsas”- y es una de las patas de la regeneración democrática, ya que numerosos estudios, dentro y fuera de España, advierten de su impacto en la polarización, la crispación política y la desconfianza ciudadana en las instituciones. Pero al igual que ocurre con otras medidas de regeneración - la transparencia, la despolitización de la justicia...- , aparecen como una ola en los programas electorales, en los plenos, en las comisiones del Congreso, y se quedan siempre en la orilla, sin concretar, bien porque a una formación política no le interesa lo mismo en la oposición que en el poder - el PP prometía en 2011 cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pero con la mayoría absoluta se le olvidó-, bien porque ante la proximidad de unos comicios - y el país se ha instalado en un clima de campaña permanente- cualquier pacto es visto como signo de debilidad, lo que fulmina los consensos necesarios para ponerlas en práctica. De hecho, Sánchez ha explicado en este diario que pospone ese plan de regeneración a después de las elecciones catalanas y europeas (9 de junio). Mientras, una docena de expertos de distintas disciplinas consultados por EL PAÍS aportan ideas para mejorar el ecosistema político. Estas son algunas de ellas.

1. Desinformación: alfabetización y control de la publicidad institucional

La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, que elige anualmente temas para orientar a los diputados sobre posibles desarrollos legislativos, dedicó un informe exhaustivo al asunto en diciembre del año pasado. España, con un medio digital por cada 16.000 habitantes (mayores de 14 años), es decir, más de 4.000, es el tercer país del mundo, solo por detrás de EEUU y Reino Unido, con mayor producción de artículos científicos sobre el tema. El eurobarómetro y el Digital News Report, que coordina la Universidad de Oxford, muestran que la población española se siente más expuesta a la desinformación que la de otros países del entorno. Paula Gori, secretaria general del Observatorio Europeo de Medios Digitales, destaca: “Las principales narrativas de desinformación desmentidas en 2023 ocurrieron durante las elecciones en nueve países europeos, entre ellos, España”. Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto europeo sobre desinformación Iberifier, recuerda que, de acuerdo a todos esos sondeos, “es la clase política, por encima de los medios, la señalada como principal productora de contenidos falsos”.

El diagnóstico está claro. Las diferentes cepas del virus han sido identificadas: “sesgo cognitivo” (la predisposición a creer determinadas cosas); “curación algorítmica” (cuando las redes, plataformas y motores de búsqueda ofrecen contenidos filtrados para obtener mayor atención); “jajaganda” (camuflar la desinformación a través del humor; ridiculizar a instituciones públicas y políticos); “pseudomedios”, “posverdad”... Faltan las vacunas, las soluciones. No son fáciles, como coinciden los expertos consultados, pero la Unión Europea y varios proyectos de investigación en universidades españolas sugieren líneas de actuación.

Para Salaverría, “la mejor manera de luchar contra la desinformación es más y mejor información, por eso la transparencia de la publicidad institucional, saber cómo se financian los medios, es imprescindible”. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política, afirma que “la opacidad en ese aspecto es brutal”. José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Políticas y en Periodismo y responsable del proyecto de la Universidad de Santiago de Compostela titulado La manipulación informativa como problema de seguridad y de calidad democrática, considera que la desinformación “se ha convertido en un riesgo para la democracia porque el control democrático se basa en un proceso de toma de decisiones informado, fundado en datos reales” y recuerda “el paquete de regulación europeo” del que España puede beneficiarse: “Hay un reglamento de segmentación de la publicidad política, medidas para aumentar la transparencia en los medios y un proyecto de libertad de información que aún no ha salido. De momento, saber qué tipo de subvenciones o ayudas reciben los pseudomedios ayudaría mucho”. En primer lugar, a identificarlos como tales.

Preguntado por si las herramientas actuales sirven para atajar el problema, el magistrado Joaquim Bosch, que ha llevado muchos casos de este tipo en los juzgados, afirma: “Sigue habiendo condenas por calumnias o injurias. Lo que ocurre es que hay mentiras muy dañiñas que no son necesariamente delitos y que ahora no tienen una respuesta adecuada porque la ley que regula el derecho de rectificación es de principios de los ochenta y ha quedado totalmente desfasada. Ahora un medio difunde un bulo, vas al juez, hay una condena a la rectificación, pero el bulo se ha difundido a tal velocidad que ese derecho apenas tiene ya efectos. La legislación debe ampliarse para que haya un mayor control, siendo el parámetro que la información se haya difundido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Posteriormente, una vez que un juez ya ha hecho esa condena, un órgano gubernativo podría imponer sanciones”.

Todos los estudios y expertos consultados coinciden, en todo caso, en que la herramienta más útil es lo que llaman “alfabetización digital”. “Podemos”, afirma Salaverría, “desarrollar tecnología para identificar contenidos desinformativos, como un radar, pero lo verdaderamente transformador es la educación, que la gente sepa, por ejemplo, que las grandes plataformas basan su negocio en la interacción y que los contenidos falsos y de odio la aumentan. Que te enseñen a distinguir y contrastar fuentes y medios”. El catedrático Fernández propone “talleres para niños” en la escuela, pero recuerda que “la educación es otro campo de crispación política y seguramente sería muy complicado que los partidos se pusieran de acuerdo”. La veterana periodista Rosa María Calaf lo explica con un símil: “Igual que se vigila la calidad de los alimentos que comemos, se debe vigilar la información que consumimos porque si comes un producto tóxico vas al hospital y si consumes información tóxica es el cuerpo social el afectado. Hay que educar a la ciudadanía para que tenga sentido crítico y a los políticos que divulgan bulos o financian los medios que los difunden para que tengan sentido ético”.

2. La Justicia: el Consejo General del Poder Judicial y la acusación popular

Para Bosch, miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, con su mandato caducado desde hace cinco años, y “los pronunciamientos que ha hecho siguiendo la estrategia del principal partido de la oposición” han provocado “un enorme descrédito y desconfianza ciudadana”. Propone dos alternativas para “regenerar la institución”: “Una es el sistema que propugna el Consejo de Europa, que no es un sistema donde los jueces eligen a los jueces, sino mitad y mitad: jueces y Parlamento. La otra es que sea un sistema de elección parlamentaria de verdad, no un intercambio de cromos, vetos e imposiciones entre los dos grandes partidos, como ahora. Y que se refuercen las incompatibilidades de forma que juristas muy cercanos a las fuerzas políticas no puedan estar en el Consejo”. Villoria propone “un sorteo” con unos requisitos claros, un “órgano técnico” para evaluar los méritos, criterios de paridad y diversidad y “hearings [examen a los candidatos] en el Congreso”.

Otro de los debates que ha resurgido estos días a propósito de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa de Sánchez es la opción de limitar el papel de la acusación popular. Bosch admite que “los partidos políticos y algunas asociaciones afines pueden tener la tentación de usar los tribunales como campo de juego a todos los niveles, nacional, regional y municipal”, pero cree que el problema, en este caso, “se ha exagerado porque el que decide es el juez de instrucción”. Si se deja fuera a partidos y sindicatos, como recogía uno de los anteproyectos de reforma legislativa, añade, otras organizaciones afines podrían intrumentalizar la justicia. “Lo que debe cambiarse, y eso es más complicado, es el sistema de investigación penal para que los casos no se eternicen”.

Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional en España, recuerda que la acusación popular está recogida en la Constitución y añade: “En otros países de la UE la acción penal está reservada al ministerio público. No obstante, en nuestro ordenamiento se podrían incorporar cautelas para evitar el uso espurio de la justicia”.

3. Colonización institucional y conflicto de intereses

La ley del Defensor del Pueblo, elegido por el Parlamento, dice que “es incompatible con todo cargo político o actividad de propaganda política” y “con la afiliación a un partido político”. A continuación añade que si el elegido se encuentra en esa situación, debe arreglarlo (darse de baja) en los diez días siguientes a su nombramiento. Y eso es lo que hacen. El actual es Ángel Gabilondo, exministro y excandidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid; entre 2012 y 2017 fue Soledad Becerril, exministra y exdiputada del PP y UCD; y antes de ella, ocupó el cargo el socialista Enrique Múgica. Bosch lo pone como “ejemplo sintomático de la colonización partidista de las instituciones”: “Las fuerzas políticas se han repartido los espacios que tenían que vigilarlas: El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el de Cuentas... Esta es una de las mayores debilidades de nuestro sistema institucional y se podría regular para que ocupar un cargo de ese tipo fuera incompatible con haber sido diputado, ministro o miembro de la ejecutiva de un partido en los últimos 20 años”.

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, formó parte de la ejecutiva del PSOE. Cuando el Gobierno de José María Aznar colocó en 2000 al frente del organismo a Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los socialistas reclamaron una reforma para ampliar el control parlamentario de la institución. Feijóo calificó de “obscenamente partidista” el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Constitucional, pero en 2012, a propuesta del PP, ingresó en el alto tribunal Andrés Ollero, diputado del partido durante cinco legislaturas. Los ejemplos agotarían este reportaje.

Para Bacigalupo, “la calidad de la democracia depende también de la cultura política institucional de la sociedad”. “En los países en los que esa cultura es alta, no hay un debate público tan intenso sobre estas instituciones. Por ejemplo, en Alemania no existe una OfIcina de Conflicto de Intereses”, explica. En todo caso, cree habría que “revisar” los recursos con los que cuenta la española. Villoria critica que se trata “de una oficina sin medios ni competencias reales y dependiente de un Ministerio” y propone “disponer de una ley actualizada de conflicto de intereses y crear una verdadera agencia anticorrupción, similar a la italiana”. El Consejo de Transparencia le parece “un tigre sin dientes, porque no puede sancionar”, y apuesta por una normativa nacional de lobbies y la publicidad de las agendas del presidente, los ministros, los secretarios de Estado, los directores generales y sus consortes. “No digo que la esposa de Sánchez haya hecho algo malo, pero es lo que llamamos un conflicto de interés aparente”. Por último, plantea una reforma del Reglamento del Congreso. “Ahora, cualquier violación del código ético es gratis”, lamenta.

Bacigalupo coincide: “En nuestro estudio Integrity Watch España analizamos el cumplimoento de las declaraciones de los diputados y senadores y el resultado es francamente negativo. No llega a un 10% la publicación de las reuniones distintas a las institucionales en ninguna de las Cámaras, y la Oficina de Conflictos de Interés de las Cortes está concebida como un organismo de almacenamiento de datos estadísticos, sin facultades de sanción”.