Se busca piso de más de 10 metros

Fortunato García, de 60 años, vive al fondo de un pasillo que todavía huele a quemado. Tiene una orden de desahucio entre sus manos gordas de mecánico. Le llegó el 13 de agosto, y el pasado jueves su pequeño piso era un alboroto de paquetes, cartones y muebles amontonados. Casi no había sitio para pasar. Detrás de las lentes empañadas ironiza sobre su nombre, que en italiano significa afortunado: "No sé en qué... desde hace mucho tiempo tengo muy poca suerte".

Ha pasado un mes desde que se declaró el incendio en el número 30 de la calle de Gerona, en San Sebastián de los Reyes, donde vive Fortunato. Entonces, el fuego envió a un hombre al hospital con el 35% de su cuerpo quemado y el humo destapó la existencia de ocho pisos de 10 metros cuadrados habitables en la planta baja del edificio. Allí vivían 18 personas, sobre las que sobrevuela ahora una orden de desahucio para que dejen sus casas en 10 días. Los técnicos municipales han cerrado el expediente abierto el 26 de julio y afirman que los pisos son ilegales porque miden menos de los 35 metros cuadrados que establece la normativa urbanística.

"No sé qué haremos ahora", dice Thelma, una vecina que pagaba 350 euros

La cuenta atrás empieza cuando todos los pisos hayan recibido la notificación. "Éste es un gesto de generosidad por nuestra parte, porque legalmente bastaría con avisar al propietario", declaró un portavoz del Ayuntamiento. De momento, el auto ha podido ser entregado en persona sólo a tres vecinos. "Los otros son fantasmas", agrega el mismo portavoz. "Para no tener que irse, no se dejan encontrar".

Fortunato se separó hace dos años y medio de su mujer, que se quedó con la casa de ambos. Está sentado en la cama, en la única habitación de su minipiso. Al fondo de la cama se encaja una mesa que aguanta una televisión pequeña con DVD. Un armario de conglomerado ocupa la pared de enfrente, unos dos metros y medio de largo, para guardar una vida entera: "Fotos, documentos, vestidos, sábanas...". En el rincón cabe la nevera, nueva y flamante, que cambió de su bolsillo hace dos meses. Luego, un nicho estrecho acoge los fogones y el lavabo. Tan cercanos que el agua salpica y apaga el fuego. O el fuego funde la sartén que espera ser fregada. Pero Fortunato no necesita algo más grande; él sólo está aquí de paso. "Estoy ahorrando de mi pensión de 2.200 euros para pagarme el piso ideal. Lo están construyendo en Alcobendas; cuando lo acaben, me iré allí: 35 metros cuadrados, ventana gigante, un baño y una cocina independiente".

Como una baraja de cartas desafortunadas, el hombre ha desplegado encima de la cama las fotocopias de los pisos que ha visto o que le quedan por ver. Está buscando otra vivienda temporal: "Todo es caro e invivible", se queja. Fortunato lleva 58 meses en el minipiso de la calle de Gerona. En el bajo cuarto está empadronado desde octubre de 2002. Enseña el carné de identidad, minúsculo en sus manos: "¿Cómo es posible que el Ayuntamiento se entere sólo ahora de que nuestra casa es ilegal? Me registraron aquí".

El Consistorio responde que el propietario del inmueble pidió, y obtuvo, en 1999 el permiso para realizar obras en el bajo y transformarlo de local a una vivienda de 90 metros cuadrados. Luego nunca reclamó la licencia para la primera ocupación, la que establece que no es peligroso vivir en un piso. Y, sin comunicar nada, troceó el piso en ocho apartamentos. Cada uno con su timbre, su aseo y su placa para cocinar en la esquina. El edificio de ladrillos rojos tiene otros cinco apartamentos, de tamaño superior, en la primera planta.

Ahora, Fortunato se siente maltratado por parte de la Administración: "Ni nos dan un almacén para guardar las cosas hasta que encontremos otro piso", lamenta extendiendo su brazo y su mirada a los objetos acumulados durante muchos años.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición psicólogos y servicios sociales. Pero hasta ahora sólo han ido cuatro personas. "Y ninguna tiene particulares problemas de pobreza como para solicitar un piso protegido de manera urgente. Lo sentimos, pero es por su seguridad", afirmó la concejal de Urbanismo, Mar Escudero.

Fortunato también culpa a la propietaria. "Ella sabía que no tenía cédula y que nos iban a echar. Por lo menos podía tener el detalle de hablar con nosotros hace un mes, cuando el incendio", se queja.

Cesárea Carcedo, la propietaria de 66 años, es una mujer bajita con el pelo alborotado. Está perdida ahora, le parece todo una pesadilla sin pies ni cabeza. Vive atrincherada en la última planta del edificio, sola en su casa llena de habitaciones vacías, Si hace un mes abrió sus puertas para asegurar que tenía "todo en regla", después de la orden de desahucio se ha quedado sin palabras. "Está todo en manos de mi abogado", dice entrecortada a través del telefonillo. "No quiero comentar nada".

Su marido, que se ocupó de reformar el inmueble en 1999, murió hace nueve meses. Desde entonces ha ido ella a recoger el alquiler de los inquilinos. Fortunato paga 305 euros por sus 10 metros cuadrados de aire y techo. Otros pagan aún más.

Thelma y Javi, de 20 y 22 años, llevan apenas cuatro meses en el número 7 del bajo. Su puerta todavía está negra por el incendio que se declaró justo en el piso de enfrente. Ellos no tenían contrato y pagaban 350 euros, sin incluir la luz y el gas. La chica abraza a su gato como si fuera un paño de lágrimas. "No sé qué haremos ahora, de verdad", dice en un susurro. Thelma es cajera y gana 420 euros al mes. Javi es jardinero, pero está en paro. "Está buscando", añade ella como para justificarle. El chico está detrás de la puerta semiabierta, echándose una sabrosa siesta.

En el mismo pasillo largo y oscuro al que dan las ocho puertas, María está ya resignada. Asoma la cabeza y deja ver un mueble repleto de utensilios de cocina, un ventilador, un equipo de música. "Mi compañero y yo ya hemos encontrado otro piso", explica. "Para nuestro presupuesto es un golpe, porque cuesta el doble: 600 euros". Una voz de hombre aclara desde el interior: "Pero también será el doble de grande. Y tendremos contrato".

No hablan mucho los vecinos de la calle de Gerona, 30. Saben que en cuanto se vayan, la casa será precintada y será imposible entrar. Saben que tienen poco tiempo. Luego la propietaria tendrá que regularizar la situación del piso y pedir licencia de primera ocupación. "También incurre en una sanción por haber montado un negocio ilegal", recuerda el portavoz del Ayuntamiento. Pero ésta es otra historia. Ya no atañe a cuestiones urbanísticas, sino al otro expediente abierto por el consistorio sobre la actividad económica que se podría haber desarrollado en la vivienda. Ese expediente todavía no está cerrado. Mientras, los vecinos hacen sus paquetes.