Reconstrucción tras el cáncer de mama en Chile: una promesa incumplida

En Chile, el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres. Actualmente, hay más de 7.000 casos diagnosticados y, aunque el país ha avanzado en detección temprana y tratamientos, existe una deuda pendiente que afecta gravemente la calidad de vida de miles de mujeres: la reconstrucción mamaria. Esta prestación, garantizada por ley desde el 2010, sigue siendo inaccesible para una amplia mayoría de las pacientes del sistema público, quienes, después de haber vencido el cáncer, enfrentan la dura realidad de tener que esperar más de 10 años para recuperar una parte esencial de su identidad y bienestar.

Este es un problema profundamente arraigado en la desigualdad que caracteriza a nuestro sistema de salud. Mientras las mujeres que cuentan con recursos y son atendidas en clínicas privadas acceden a la reconstrucción mamaria de manera casi inmediata tras una mastectomía, aquellas que dependen del sistema público deben enfrentarse a una espera que parece interminable.

Según cifras no oficiales, porque en Chile aún no tenemos un Registro Nacional del Cáncer, al menos 3.000 mujeres están actualmente en lista de espera para una cirugía reconstructiva, muchas de ellas por más de una década. En el sector privado, esta espera es inexistente, porque el 95% logra su reconstrucción. ¿Por qué, entonces, permitimos que nuestras pacientes del sistema público sufran una doble penalización: primero, por el cáncer, y luego, por un sistema de salud que no está a la altura de sus necesidades?

La reconstrucción mamaria no es un lujo, es una necesidad médica y emocional para miles de mujeres que, tras una mastectomía, buscan no solo sobrevivir al cáncer, sino también recuperar su calidad de vida. Es, en esencia, una prestación que debería garantizar el Estado, no solo porque está consagrada en la ley, sino porque toca una fibra profunda en lo que respecta a la dignidad y al derecho de las mujeres a retomar sus vidas con normalidad después de haber enfrentado una enfermedad tan devastadora.

El hecho de que esta prestación esté en la ley, pero no cuente con el financiamiento adecuado para ser implementada, es un problema que revela las profundas fallas de nuestro sistema. Las cifras son claras: solo el 30% de las pacientes del sistema público logran acceder a una reconstrucción mamaria.

El caso es aún más preocupante cuando analizamos la falta de información que impide tomar decisiones estratégicas para solucionar este problema. El Registro Nacional del Cáncer, que debería haberse implementado hace tiempo y que permitiría un seguimiento adecuado de las pacientes, aún no existe. Sin un registro que nos indique cuántas mujeres están a la espera de una reconstrucción mamaria, cuántas han sido diagnosticadas en etapas tempranas o avanzadas, o cuántas han recibido tratamiento, es imposible planificar de manera eficiente los recursos y acciones necesarias para mejorar el sistema.

A esto se suma otro problema estructural: la falta de actualización de los códigos Fonasa relacionados con las cirugías oncológicas. Hoy, un solo código agrupa varios tipos de mastectomías, lo que impide hacer un seguimiento adecuado de los procedimientos realizados y, en consecuencia, asignar los recursos adecuados para cubrir las necesidades reales de las pacientes. Este es otro obstáculo que impide que las mujeres del sistema público accedan a la atención que merecen y que retrasa, aún más, la resolución de sus problemas.

Como diputada, me siento profundamente preocupada por esta situación y, por lo tanto, hago un llamado al Ministerio de Salud que se aumente el presupuesto destinado a la reconstrucción mamaria en el sistema público. No es justo que en un país como Chile, que ha avanzado tanto en muchas áreas de la salud, sigamos permitiendo que miles de mujeres deban esperar más de una década por una prestación que debería ser inmediata. No es solo una cuestión de salud física, es una cuestión de salud mental, emocional y de dignidad.

La inequidad que existe entre el sistema público y el privado en relación con el acceso a tratamientos para el cáncer de mama es una muestra clara de que nuestro sistema de salud sigue siendo profundamente injusto. Ante este escenario, es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que todas las mujeres, independientemente de su capacidad económica, tengan acceso a los tratamientos y cirugías que necesitan. La reconstrucción mamaria no puede seguir siendo una promesa vacía para quienes no tienen los recursos para pagarse una cirugía privada. Debemos avanzar hacia un sistema de salud más justo, donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de recuperar su vida después del cáncer.