Roberta Clarke, presidenta de la CIDH: “Todo estado de excepción es, por definición, represivo”

A finales de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó incluir a El Salvador en la lista de países que cometen las más graves violaciones de derechos humanos en las Américas —el artículo 4B de su informe anual— junto a Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala. El “no” se impuso en una votación dividida. Pero cada vez hay más evidencia de la crueldad de las políticas de mano dura del presidente Nayib Bukele, que siguen nutriendo su popularidad internacional al tiempo que alarman a los organismos de derechos humanos. En julio, un reporte de la organización local Cristosal reveló la muerte de más de 200 adultos y al menos cuatro bebés en las cárceles salvadoreñas desde que estado de excepción inició en 2022, sin que ningún caso haya sido esclarecido por las autoridades. Esta semana, la CIDH ha vuelto a exigir el fin de la suspensión de derechos constitucionales, que cumple más de dos años ininterrumpidos y ha permitido la detención ilegal y encarcelamiento sin pruebas de más de 80 mil personas.

“Reconocemos la reducción de la delincuencia y la mejora, por tanto, de la calidad de vida de los salvadoreños”, dice Roberta Clarke, presidenta de la Comisión, en una concesión al argumentario de Bukele, que acusa a las instituciones de derechos humanos de defender a criminales y negar los resultados de su gestión. “Pero es indiscutible que hay un estado de excepción que continúa a pesar de que ya dio los resultados exitosos que buscaba. ¿No es capaz el Estado de seguir dando seguridad sin suspender derechos y violar el debido proceso?”, critica.

El informe del organismo de la OEA denuncia la existencia en El Salvador de jueces sin rostro, audiencias en las que solo se da a los abogados defensores cinco minutos para refutar los cargos de hasta 500 acusados, y detenidos que pasan meses en prisión sin saber de qué se les acusa. “Las medidas emprendidas durante el régimen de excepción”, se lee, “revelan la opción por un modelo de política criminal enfocado en medidas altamente represivas, con la suspensión de derechos y garantías, y al cual se aúnan denuncias de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”.

La dureza del informe ha dividido otra vez a la Comisión, que lo aprobó por cuatro votos contra tres. Dos comisionados emitieron un voto razonado en el que acusan al pleno de falta de imparcialidad y de, sin afán de ironía, violar el derecho de defensa del Estado Salvadoreño. Clarke, originaria de Barbados y con una larga trayectoria en Naciones Unidas antes de su llegada a la CIDH en enero de 2022, niega que el disenso interno desvirtúe el informe y asegura que el desacuerdo se limita a “algunos aspectos” del reporte. “En el punto de que el estado de excepción se ha prolongado demasiado y se están violando importantes garantías procesales creo que estamos totalmente de acuerdo”, dice.

P. El informe presentado habla de violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos. ¿Cree que la actual política de seguridad de El Salvador está diseñada para violar derechos?

R. El informe se limita a analizar los efectos del estado de excepción. La Comisión acepta que fue detonado por el asesinato de más de 90 personas entre el 24 y el 27 de marzo de 2022 y en un inicio pretendía atajar esa emergencia. Pero estamos preocupados por la suspensión continuada de derechos pese a que la seguridad del país se ha estabilizado. Por eso afirmamos que ya no es necesario. Además, vemos que más de 70.000 personas han sido arrestadas, la mayoría sin órdenes de detención, fuera de las obligaciones procesales del Estado. Hemos constatado arrestos ilegales masivos, Así como allanamientos de viviendas sin orden judicial que los haga legales. Diría que sólo el enorme número de personas que han sido detenidas desde 2022 habla de lo que está sucediendo.

P. ¿La forma en que el estado de excepción se ha implementado en El Salvador y su duración son entonces violatorias de los derechos humanos?

R. La Convención Interamericana y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos son bastante claras en relación con los estándares que debe cumplir un estado de excepción y establecen que éste debe limitarse a la duración real de la emergencia, al tiempo estrictamente necesario que dura ésta. En El Salvador el Estado justificó el estado de excepción original por la altísima tasa de homicidios y dos años después esa tasa ha disminuido. Y nos preocupa el régimen legal que se ha establecido bajo el estado de excepción. De acuerdo con los estándares interamericanos, la prisión preventiva debería ser la excepción, no la regla, y en El Salvador se ha convertido en una medida obligatoria. También nos preocupa que haya jueces sin rostro, y las audiencias masivas en las que se juzga a 400 personas al mismo tiempo, de forma muy rápida y sumaria, sin oportunidad real para que los acusados se defiendan. O la aplicación de penas de prisión del régimen de adultos a menores de 18 años. Todo eso tiene que llegar a su fin.

P. ¿Considera que los hechos descritos en el informe ameritan que El Salvador sea incluido en el capítulo 4B del próximo informe anual de la CIDH?

R. La Comisión no está estudiando esta cuestión en este momento. Estamos centrados en trabajar con el Estado salvadoreño para aplicar las recomendaciones del informe.

P. ¿Confía usted en que El Salvador cumplirá esas recomendaciones?

R. Esperamos que el Estado estudie detenidamente el informe y siga colaborando con la Comisión en la aplicación de las recomendaciones. Esa es nuestra expectativa y esperanza.

P. La respuesta que El Salvador a la publicación del documento no es esperanzadora. En un comunicado cuestionó de forma explícita la independencia de la Comisión, puso en duda la objetividad del informe, y dijo que si la CIDH no transparenta su financiamiento y la forma en que selecciona fuentes de información “su capacidad para proteger los derechos humanos en las Américas seguirá siendo cuestionada”.

R. La Comisión mantiene lo dicho en el informe. Somos un organismo independiente, compuesto por siete comisionados de toda América Latina y el Caribe, y que tiene una larga trayectoria de credibilidad en su monitoreo. Recibimos información de diversas fuentes, de defensores de derechos humanos, de Organizaciones No Gubernamentales, de instituciones estatales independientes, y también del Estado, del gobierno. Desde luego, nos complace seguir dialogando con El Salvador sobre el contenido del informe y sobre la suspensión de determinados derechos. La Comisión reconoce la reducción de la delincuencia y la violencia y la mejora, por tanto, de la calidad de vida de los salvadoreños. Pero es indiscutible que hay un estado de excepción que continúa a pesar de que ya dio los resultados exitosos que buscaba. Es un hecho objetivo. ¿No es capaz el Estado de seguir dando seguridad sin suspender derechos y violar el debido proceso?

P. Existe la posibilidad de que se derogue el estado de excepción pero sigan los procedimientos que conducen a violaciones de los derechos humanos y el debido proceso. Se han aprobado múltiples reformas penales que no están propiamente incluidas en el régimen de excepción.

R. Claramente, la Comisión está preocupada por la separación de poderes, por los controles y equilibrios que deben garantizar una democracia estable y el derecho que todo el mundo tiene a ser escuchado por un juez y defenderse de una acusación. Seguiremos abogando por que el Estado garantice un juicio justo, la independencia de la justicia... Son obligaciones claramente establecidas por el sistema interamericano de derechos humanos. Sé que no respondo a su pregunta, pero es todo lo que puedo decir. No quiero especular sobre lo que vendrá. Solo puedo asegurar que la Comisión seguirá prestando atención a lo que suceda en El Salvador.

P. El Gobierno salvadoreño insinúa que el hecho de que se haya aprobado por 4 votos a 3, y no por unanimidad, resta credibilidad al informe. ¿Cree usted que es así?

R. En absoluto. Dos de los votos disidentes hicieron objeciones parciales, no a todo el informe. Es necesario hacer esa distinción. En un organismo colegiado puede haber opiniones diversas, y por eso el reglamento de la CIDH establece las formas en que éstas pueden expresarse. Pero no creemos que el disenso en sí desvirtúe el informe, en primer lugar porque, como dije, las objeciones son parciales y en mi opinión no se refieren o afectan al asunto central, que son las implicaciones legales del estado de excepción y la suspensión de derechos humanos en El Salvador.

P. Dice que las objeciones no son a la totalidad, pero en su voto razonado los comisionados Bernal y Ralón cuestionan el rigor del informe. Son ellos los primeros en poner en duda la imparcialidad de la CIDH. Es un ataque muy duro que viene de sus propias filas.

R. Sería bueno hablar con el comisionado Bernal para que sea él quien explique sus puntos de desacuerdo con el informe, pero también se debe tomar en cuenta que hay un voto concurrente de otros dos comisionados que hacen un recuento del proceso de elaboración y aprobación de este informe. En todo caso, no creo que el disenso socave el informe y la preocupación central que expresa la Comisión, que es la prolongación de un estado de emergencia que suspende derechos humanos, que aplica a los niños el mismo régimen penitenciario que a los adultos, y que opera a través de operadores de justicia anónimos y juicios masivos. Podemos tener desacuerdos sobre cifras y algunos aspectos, pero en el punto de que el estado de excepción se ha prolongado demasiado y se están violando importantes garantías procesales creo que estamos totalmente de acuerdo.

P. El voto concurrente al que se usted se refiere, el de los comisionados Caballero y Pochak, afirma que la suspensión de garantías “carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático”. ¿El estado de excepción está siendo una herramienta para debilitar la democracia en El Salvador?

R. Es difícil separar las violaciones de los derechos humanos de la institucionalidad democrática, y de la existencia o no de un entorno propicio para la democracia y la libertad de expresión, porque todo estado de excepción es, por definición, un estadio represivo. En el caso de El Salvador hemos recibido informes de defensores de derechos humanos y periodistas que sienten miedo a expresar su punto de vista sobre el estado de excepción o el funcionamiento del Estado en su conjunto, precisamente debido al impacto que el régimen de excepción ha tenido en el marco de garantías en el país.

P. Las diferencias en la Comisión, ¿se limitan al caso de El Salvador o está la CIDH atravesando una crisis interna más profunda?

R. Yo no diría que la Comisión atraviesa una crisis. Creo que tenemos distintos puntos de vista sobre la definición de los derechos humanos y la forma en que los estándares interamericanos se aplican en cada país o la forma en que los Estados deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Como cuerpo colegiado tenemos que trabajar juntos en ello y continuar dialogando. Las diferencias de opinión son parte de la vida. Y repito: en el caso de El Salvador, los argumentos centrales del informe de la Comisión están fuera de discusión.

P. Son diferencias importantes, y en todo el continente hay sectores que acusan a los organismos de derechos humanos están ideologizados o sesgados. Se ataca a la CIDH pero también a organizaciones como Amnistía Internacional o a Naciones Unidas y su agenda 2023. En medio de esa crispación, ¿se siente la CIDH respaldada por la OEA y sus miembros?

R. Sí. Creo que los Estados miembros de la OEA mantienen su compromiso fuerte y permanente con la Comisión Interamericana. Por supuesto, las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurren en contextos específicos, vinculadas a la política de los países, pero las críticas no nos llegan desde un solo lugar del mapa político o ideológico sino de un amplio abanico de países que cuestionan nuestro análisis o nuestros datos. Supongo que eso indica que, en términos de independencia, algo estamos haciendo bien.

P. Hace dos años el presidente Bukele dijo que los países deberían evaluar retirarse de organizaciones como la CIDH “que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”. ¿Le preocupa la posibilidad de que El Salvador cumpla la amenaza y abandone el sistema interamericano de derechos humanos?

R. Lo que esperamos de todos los Estados miembros es que evalúen el trabajo de la Comisión de forma justa y teniendo en cuenta la forma en que ésta ha funcionado a lo largo de sus 65 años. ¿Cuáles han sido siempre sus métodos de verificación? ¿Qué tipo de diálogos sostiene con diferentes actores? Si se hace una evaluación justa de la Comisión quedará muy claro que hace un enorme esfuerzo por tener un amplio rango de fuentes en las que sustentar su monitoreo y con las que verificar la información que obtiene. También permanecemos muy atentos a lo que tengan que decir los Estados y a la información que nos proporcionan. En general, la Comisión acoge con satisfacción el escrutinio. Y el apoyo constructivo, que creo que es necesario para todo el sistema. El diálogo es el único camino para seguir manteniendo la confianza en la integridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

P. ¿Cree que el Gobierno de El Salvador permitirá en el corto plazo una visita de la Comisión?

R. Las visitas in loco son útiles, tanto para la Comisión como para los Estados. Visitar El Salvador nos permitiría reunirnos en persona con actores tanto estatales como no gubernamentales y de sociedad civil, y sería una oportunidad para aclarar puntos de vista y diferencias entre la Comisión y el Estado.