Salvador Puigdengolas Rosas, Ingeniero Industrial y experto en prevención de riesgos laborales./EPDA No son buenas las noticias del cierre del 2024 e inicio del 2025 que nos van llegando con relación a los accidentes laborales, en general, y con los de carácter mortal, en particular. Más allá del drama social, laboral y familiar que implica la muerte de una persona trabajadora, no nos hemos de olvidar que el aumento de la siniestralidad conlleva un aumento de costes que, en gran parte, se sufragan por las malogradas arcas públicas.
Accidentes mortales que aumentaron un 12% en los primeros 11 meses (casi 600 fallecidos) comparando el periodo enero-noviembre 2024 con 2023, muy cerca de cifras medias del periodo 2015-2022, con incremento medio del 6,35%, resultando, en este aspecto, más que llamativo comparar el 2019 con el 2022 (justo antes de la pandemia), donde se observó incremento del 31,7 %.
Aumento de siniestralidad en todos los sectores económicos con importante impacto económico en costes asegurados de las cuentas públicas, ya que, si se valora incidencia dentro de costes sociales asegurados, los costes de accidentes y enfermedades laborales alcanzaron el 3,3 % del PIB europeo (476.000 M€) según estudio presentado en el XXI Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo del 2017. Por analogía, trasladados a datos nacionales en base al PIB de España en el 2023, los costes de la siniestralidad laboral asegurada llegaron a ser de unos costes medios de unos 49.444,69 M€.
Comparando cifras de incremento del PIB de los últimos 4 años, de un 0,875%, con aumento de siniestralidad laboral mortal media, del 6,35%, esos costes impidieron que la economía llegase a recuperar márgenes económicos anteriores a la pandemia si no fuera, entre otros, por la subida por ingresos impositivos del estado.
Esto demuestra como las políticas actuales del gobierno en materia de seguridad y salud en el trabajo, si bien se focalizan a través de Estrategias y Planes, no se centran en perspectiva de análisis de variaciones por sectores productivos predominantes, regiones o colectivos sensibles y otras variables (como el de población afiliada, tamaño de empresa o género) que permitan resultar eficientes desde aspectos concretos en seguridad y salud en el trabajo.
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