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Protestas en Perú de 2023

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Protestas contra el gobierno de Dina Boluarte
Parte de Crisis política en Perú de 2021-presente
Fecha 4 de enero de 2023 - presente
Lugar Perú Perú
Acción Movilizaciones y paralizaciones
Causas Fin de la tregua impuesta en las protestas de 2022
Objetivos

Según el pacto del 28 de diciembre de 2022 en Arequipa:

Estado En curso
Partes enfrentadas
Bandera de Perú
Gobierno de Dina Boluarte
Bandera de Perú
Contrarios al gobierno de Dina Boluarte

Comunidad Aymara[1]​
Asamblea Macroregión Sur
Fenatep
CGTP
Figuras políticas
Dina Boluarte
Alberto Otárola
José Williams		 Vladimir Cerrón
Guido Bellido
Guillermo Bermejo
Figuras líderes
Jorge del Carpio Lazo[a]​
Ántero Pimentel[b]​
Milan Knezvich[c]​
Félix Suasaca Suasaca[d]​
Rocío Leandro Melgar[e]​
Saldo
PNP:
1 fallecido[6]​
142 heridos[6]​		 Civiles:
46 fallecidos desde el inicio de las protestas[f]​
304 heridos[6]​
Cronología
Protestas en Perú de diciembre de 2022 ←Protestas contra el gobierno de Dina Boluarte
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Las protestas en Perú de 2023 son una serie de movilizaciones a nivel nacional realizadas a partir del 4 de enero de 2023. Estas fueron convocadas por la «Asamblea de la Macroregión Sur» y diversas organizaciones sociales de izquierda.[7]​[8]​

Antecedentes

Véase también: Protestas en Perú de diciembre de 2022

Acciones previas

Tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 diversas manifestaciones se realizaron a nivel nacional. Luego de establecerse una tregua por navidad y año nuevo, se planificó en el sur del país nuevas movilizaciones.[9]​Uno de los representantes en Arequipa, Jorge del Carpio Lazo, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), invitó a diversos dirigentes a reunirse el 28 de diciembre de 2022.[2]​ Más de 70 dirigentes se reunieron en el Primer Encuentro Macroregional de Organizaciones Sociales, «rumbo al paro nacional», realizado en el local de la FDTA, donde se firmó un acta convocando a nuevas movilizaciones.[10]​[11]​[12]​[13]​Entre las regiones representadas en la reunión de la FDTA estaban Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.[8]​[10]​[14]​ El propio Carpio Lazo confirmó el comunicado en una sesión pública.[10]​[15]​

Algunas propuestas de dichos frentes y colectivos son similares a las ocurridas en diciembre de 2022. El propósito de estas manifestaciones se concretan en el documento pactado entre varios dirigentes donde se especificaron los siguientes puntos:[7]​[16]​

  1. Cierre del congreso (que tildan de «golpista»).
  2. Renuncia de Dina Boluarte, además de recibir una sanción por los 30 asesinados por «su lucha en su derecho a la protesta».
  3. Adelanto de elecciones inmediatas (para «el año 2023»).
  4. Convocatoria a una «Asamblea Constituyente plurinacional y popular».
  5. Liberación de Pedro Castillo por su «ilegal detención».
Manifestantes acampados en la plaza Manco Cápac en diciembre de 2022.

Manifestantes coordinaron posibles acciones para intensificar sus protestas. En Arequipa se propuso emular la Marcha de los Cuatro Suyos sin fecha definida.[17]​[18]​En Puno, que según el decano del Colegio de Periodistas mostró una falta de cobertura de la prensa de Lima,[19]​ se planificaron el cese de mototaxis y la suspensión de rutas en la ciudad de Azángaro.[20]​En Lima se mantuvo como lugar de encuentro la plaza Manco Cápac, donde los manifestantes permanecieron días anteriores.[21]​Sin embargo, luego fueron desalojados.[22]​ Según la Defensoría del Pueblo, se convocaron alrededor de 20 movilizaciones a nivel nacional, 10 de ellos para el 4 de enero.[23]​

Se anunció la instalación de un centro de monitoreo del Ministerio de Defensa.[24]​ Además, desde la policía, se organizó un informe inteligencia para identificar nuevas participaciones en Lima y regionales y reconocer grupos de posibles azuzadores.[25]​Según América noticias, entre los posibles líderes de las marchas están Lourdes Huanca Atencio (de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Navitas y Asalariadas del Perú), Enrique Castañeda Tello (líder de la Asociación Ágora Popular), Andrés Huamaní Quispe (líder de Rímac Llaqta), Ciro Silva Paredes (presidente del Comité de Lucha Región Lima Metropolitana), Vladimir Molina Espinoza (representante de Brigadas 14 N)[26]​y Felipe Domínguez, dirigente arequipeño.[27]​[28]​En Puno, el entonces comandante general de la Cuarta Brigada de Montaña propuso defenderse con hondas y huaracas pero esta recomendación fue descartada por el ejército.[29]​La Defensoría del Pueblo, por su parte, realizó coordinaciones con la Policía Nacional del Perú para reducir excesos.[30]​Por otro lado, Juan Carlos Liendo, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), renunció a su puesto.[31]​Antes de tomar el cargo en la DINI, Liendo había declarado sobre una supuesta «insurgencia terrorista».[32]​Ante la pregunta realizada por el periodista Enrique Patriau,[33]​ del diario La República, sobre estas declaraciones, Boluarte aseguró que la permanencia de Liendo en la dirección del DINI estaba en evaluación.[34]​ Roger Roger Arista Perea fue designado como nuevo jefe de la DINI.[35]​

Adicionalmente, el director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, manifestó que el transporte interprovincial realizaría sus operaciones con normalidad-[36]​ A pesar de esto, se incrementaron los precios de las rutas terrestres al sur del país.[37]​[38]​En Arequipa, el secretario del mercado principal Avelino Cáceres, Yasmani Callo Vargas, señaló tener abastecimiento de productos para una semana.[39]​ Se anunció la restricción en la atención entre las 3 y las 8 de la mañana.[40]​Por el lado de seguridad nacional, se anunció que más de 2 mil militares se desplegarían en el departamento de Arequipa y a lo largo de la Panamericana Sur, según el jefe de la Tercera División del Ejército Johny León.[41]​Entretanto, se tomaron varias medidas de precaución como la suspensión de las rutas interregionales del Ferrocarril Transandino.[42]​

Interpretación de sus propuestas

En el sector gubernamental, representantes sociales mostraron preocupación sobre los motivos de los protestantes. Luego de enterarse de las nuevas marchas, la vigente presidenta Dina Boluarte cuestionó el 31 de diciembre desde Cuzco con un «¿qué cosa vamos a conseguir?».[43]​ Para la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, las consideró de inviables al ser completamente políticas y que carecen de una imagen visible para su negociación.[44]​Por otro lado, el ministro del Interior Víctor Rojas coordinó con dirigentes de Arequipa y Puno en los primeros días de enero para gestionar acciones para salvaguardar el orden interno.[9]​[45]​El cardenal Pedro Barreto propuso negociaciones.[46]​

El excongresista por Apurímac, Richard Arce, señaló para RPP la existencia de un «aprovechamiento político» más allá de las manifestaciones sociales.[47]​En su columna de Perú 21 (13 de enero), vaticinó que al concretar que en el escenario de la salida de Boluarte y la disolución del congresó, «sería el escenario ideal del vacío de poder para llevarnos a la anarquía».[48]​

Para la directora Amanda Meza del portal Wayka (9 de enero), para el medio El Salto, las protestas tienen otros fines. Meza dice que «los congresistas que tenemos casi no representan a nadie; los partidos políticos no representan a las organizaciones sociales, son de personas fundadoras, es decir que tiene un dueño; en otras palabras, son empresas».[49]​ Estas palabras coinciden con el historiador Antonio Zapata, que posteriormente (10 de enero) señaló que sus propuestas son ilusiones para retirar a la derecha del gobierno.[50]​Para Jonathan Castro, editor de La Encerrona de Marco Sifuentes para The Washington Post (13 de enero), «lo que enerva a los manifestantes es la generalización, la ceguera desde Lima», y especifica la existencia de «actitudes antidemocráticas, golpistas y violentas».[51]​

Marcha por la paz

Previo a la oficialización de las marchas, el 3 de enero, hubo una Marcha por la paz a nivel nacional.[52]​Según un documento revelado por el diario La República, esta marcha fue convocada por la Policía Nacional del Perú.[53]​Ante las críticas, la policía sacó un comunicado donde se dispuso que:[54]​

En concordancia con la Constitución Política y la normativa vigente la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna; pero es promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas.

La Policía Nacional del Perú, tiene entre sus funciones, la de prevenir los delitos; en ese sentido, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana promueve en forma permanente actividades públicas que coadyuvan a la convivencia pacífica y la paz social a nivel nacional, conforme al Art. 195 del D.S. N° 026-2017-IN, Reglamento del D.L. N° 1267 Ley de La Policía Nacional del Perú. En este contexto, se dispuso la realización de diversas actividades en cumplimiento de esta función.

Dada la actual coyuntura política y social del país, así como diversas opiniones difundidas al respecto y con la finalidad de evitar malos entendidos; SE HA DISPUESTO, que los miembros de la Policía Nacional del Perú, se abstengan de promover la participación activa y organizada dela comunidad en las actividades programadas para el día martes 03ENE2023.

La marcha fue calificada de una hipocresia y burla ya que la convocada la Policía Nacional después de las muertes de 28 campesinos de las provincias del Perú. [55]​

A pesar del escándalo, la Marcha por la paz fue llevada a cabo.[56]​El ministro del interior, Víctor Rojas, anunció que la policía no participaría en la marcha.[57]​ En esta marcha fue detenida Zaira Arias, una excandidata al congreso por el partido político Perú Libre, tras lanzar pintura a la policía.[58]​[59]​El abogado de la detenida sustentó que para dramatizar Arias tiró pintura roja para representar la sangre derramada de los fallecidos en diciembre de 2022.[60]​

Organizaciones confirmadas

Aunque se tuvo en consideración un nuevo encuentro luego del realizado en diciembre;[7]​Felipe Domínguez, presidente del Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa, no descartó la participación de otros dirigentes que no fueron invitados al pacto macroregional.[61]​ Adicionalmente, en la ciudad de Juliaca el secretario de la organización Actas de las Cuatro Zonas invitó a la presidenta para realizar conversaciones con los dirigentes a campo abierto.[3]​

Los sindicatos que también confirmaron son la Central General de Trabajadores del Perú[62]​[63]​y la Fenate.[64]​Posteriormente, en el informe sobre las Evaluaciones previas al paro del 4 de enero, mostraron interés en salir la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el Frente de Defensa de los Asentamientos Humanos y Coalición Ciudadana.[65]​ Sin embargo, no todos los participantes de las protestas de diciembre de 2022 volvieron a atacar en los primeros días, como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,[62]​ la Asociación de Comerciantes del Mercado Mayorista de Frutas de Río Seco (Arequipa)[66]​y el gremio turístico de Machu Picchu.[67]​No obstante, según la Unidad de Investigación de El Comercio, Félix Suasaca Suasaca, del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca, justificó la continuación de las marchas que «el Perú profundo arde y va a arder».[5]​

Según el periodista Liubomir Fernádez, que trabaja para La República, las protestas en Puno fueron lideradas por mujeres.[68]​Una de ellas es la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en que las integrantes se negaron la militancia de «bolivianos y terroristas».[69]​

También participa el líder del antiguo partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón.[70]​

Organizaciones públicamente convocadas en las protestas de 4 de enero
Región Organización(es) Ref.
Puno Frente de Organizaciones Populares, Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca y dirigentes de Juliaca; Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno y Actas de las Cuatro Zonas de Juliaca. [71]​[72]​[73]​[3]​
Cusco Rondas campesinas, grupos de taxistas y sindicatos. [74]​
Apurímac Frente de Lucha y Desarrollo de los Barrios de la Provincia de Abancay. En colaboración con organizaciones del magisterio, sectores obrero y mercado [4]​[75]​
Moquegua Sin datos
Madre de Dios Sin datos
Ayacucho Sin datos
Arequipa Frente Amplio Cívico de Arequipa, Frente de Defensa del Cono Norte de Arequipa y la, Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa [76]​[77]​
Lima Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Confederación General de Trabajadores del Perú [78]​[79]​

Desarrollo

4 de enero

Según la Defensoría del Pueblo, se realizaron 36 acciones de protestas en 17 departamentos.[80]​12 700 personas salieron a las calles según el Viceministerio de Gobierno Territorial.[81]​

Se reportó el bloqueo de carreteras en Juli, Puno,[82]​y posteriormente otros bloqueos en Arequipa y Cusco.[83]​[84]​[85]​En Arequipa se buscó retomar el control del puente Añashuayco en Zamácola.[86]​ En Lima, un manifestante ocupó la estatua principal de la plaza Manco Cápac por 30 minutos.[87]​El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció el plan de corredores turísticos para movilizar a los afectados hacia los aeropuertos de Cusco, Puno, Arequipa y Tacna.[88]​

En la tarde, centenares de personas marcharon por el centro de Lima.[89]​Durante su recorrido, se registraron agresiones hacia la prensa tanto de los manifestantes[90]​[91]​ como de la policía.[92]​Sin embargo, el medio limeño Latina noticias criminalizó la protesta al incluir entre los represores a la Coordinadora 14N, conocida por la participación contra Merino en 2020.[93]​

Al reportarse una supuesta interferencia del líder político Evo Morales, luego que visitar Puno en diciembre de 2022, Dina Boluarte señaló que está en conversaciones con la Superintendencia Nacional de Migraciones para impedir su ingreso por injerencia.[94]​[95]​ Este medida fue ayudada por José Cueto, quien junto a su bancada solicitó su «captura inmediata».[96]​[97]​[98]​También recibió el apoyo de la parlamentaria de derecha Tania Ramírez, que justificó un aparente financiamiento de las protestas en el sur «para anexar Puno a Bolivia».[99]​Al día siguiente, como respuesta a su intromisión política, Morales dijo no atacar ante «los ataques políticos de la derecha peruana» mientras y continuó animando «una transformación de fondo».[100]​

Crisis del sur peruano

5 de enero

Participaron alrededor de cinco mil personas Viceministerio de Gobierno Territorial.[81]​En Puno, hubo enfrentamientos intensivos; 14 personas fueron heridas, cuatro son políticas y 10 civiles.[101]​En Cuzco se realizaron paralizaciones.[102]​

6 de enero

Ilave y Juliaca fueron las ciudades donde se concentraron las protestas.[103]​ Se registraron enfrentamientos en la toma del puente Pichanaki[104]​y la posible toma del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac,[105]​[106]​ en que posteriormente fue cerrado.[107]​[108]​ Además, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo reportó que se habrían cancelado el 80%,[109]​mientras que en Lima se redujo el abastecimiento de alimentos en el Mercado Central.[110]​

A pesar de eso, Arequipa bajó su intensidad en las protestas. Solo 100 obreros de construcción civil marchan por la plaza de armas. El presidente del Frente Amplio Cívico de Arequipa reconoció lo sacrificado económicamente de obligar a los trabajadores a protestar; en su lugar, propuso al electo presidente regional Rohel Sánchez como mediador con el gobierno central.[111]​También el Frente de Defensa de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, Jhazmani Callo, reconoció que fueron los únicos en salir a las marchas y ofreció apoyar con otras organizaciones en Lima.[112]​

En Lima, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería realizó un comunicado para invitar el adelanto de elecciones a 2023 y la consulta de la nueva constitución.[113]​

7 de enero

Manifestantes tomaron y destruyeron las oficinas del Seguro Social de Salud (EsSalud).[114]​

9 de enero

Se envían policías desde Arequipa a Juliaca.[115]​Además, miles de aimaras desde Yunguyo, Chucuito y El Collao-Ilave llegaron a la capital del departamento puneño.[116]​En Tacna se iniciaron los bloqueos de la Vía Costanera y el control fronterizo a Chile.[117]​

Violencia y enfrentamientos en Juliaca
Artículo principal: Violencia en Juliaca de 2023

En ese día se anunció los primeros fallecimientos de las protestas de 2023: un bebé prematuro llevado desde una ambulancia en Puno.[118]​[119]​Durante el día, dos mil pobladores se reunieron e intentaron tomar al aeropuerto de Juliaca, provocando la respuesta de la PNP y el ejército.[120]​[121]​De acuerdo a la Red de Salud de San Roman-Juliaca, en este día se registraron 18 civiles fallecidos y 73 heridos.[122]​[123]​A su vez, se reportó un homicidio hacia un policía, quien fue incinerado dentro de un vehículo patrullero.[124]​[125]​[126]​[127]​Además, se mostraron saqueos en un supermercado,[128]​[129]​[130]​un incendio en la casa del congresista Jorge Flores Ancachi [131]​y se apedreo el domicilio del alcalde de Juliaca.[132]​

La presidenta Dina Boluarte al enterarse de los fallecidos en Juliaca, declaró: «salen en protesta de que, lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos».[133]​Durante la noche y la madrugada del 10 de enero, la electricidad en Juliaca se fue, y según la versión del ministro del interior, fue el momento en la que una turba de 350 personas retuvieron un patrullero policial, agredieron a sus dos efectivos, y aunque uno pudo escapar, el otro fue incinerado al igual que el vehículo policial, junto a todos los elementos de los agentes.[134]​[135]​

10 de enero

El premier Alberto Otárola anuncio el toque de queda por tres días consecutivos en Puno y declaró duelo nacional para el día siguiente, en homenaje a los muertos en Juliaca.[136]​El presidente del poder judicial, Javier Arévalo lamento las muertes en Juliaca y llamo a las autoridades a proteger las instalaciones del poder judicial.-[137]​

En respuesta de lo sucedido en Juliaca, se convocaron cacerolazos, plantones y nuevas movilizaciones en distintas partes del país, entre ellos Loreto, Lambayeque, Arequipa,[138]​ y Junín, mientras que en Andahuaylas la paralización es total.[139]​ La Fiscalía de la Nación abrió un investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte y sus ministros.[140]​

En Huancavelica, un grupo de manifestantes incendió las instalaciones del poder judicial de la ciudad de Lircay y bloquearon algunas calles.[141]​Además, en Cuzco, 300 comuneros de Chumbivilcas incendiaron un bus de la Policía Nacional en el corredor minero del sur.[142]​[143]​

Ante la violencia en Juliaca, los gobernadores regionales de Puno y el Cusco emitieron un pronunciamiento pidiendo la renuncia de Dina Boluarte.[144]​

11 de enero

Se realizaron movilizaciones y bloqueos en distintas partes de los departamentos de Ayacucho, Puno, Moquegua, Lambayeque, Arequipa y Tacna, en esta última zona, 50 manifestantes apedrearon la comisaría del distrito Gregorio Albarracín, obligando a los agentes a usar las mesas como escudos, también se registraron intentos de saqueos contra las comisarías y diferentes centros comerciales por lo que el control policial se intensifico.[145]​[146]​

Los tramos 966, 968 y 969 de la Panamericana Sur permanece bloqueada por piedras y otros objetos. Durante el día grupos de manifestantes llegaron en camiones para reforzar el bloqueo.[147]​En Juliaca (Puno), miles de pobladores al pie de una fila de ataúdes, marcharon hacia la plaza central y se despidieron de sus muertos, el alcalde Oscar Cáceres declaro que los "caídos el 9 de enero son mártires de la democracia".[148]​[149]​

En el Cusco se reportaron violentos enfrentamientos, los manifestantes intentaron llegar al aeropuerto de la capital. Según la corresponsal de Perú 21 en Cusco, señaló que existió una intención de tomar el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete y señalaron algunos manifestantes que «no les importa morir, solo quieren que salga el gobierno de Dina Boluarte». [150]​ En la Avenida 28 de julio fueron impedidos de llegar, por la policía y el ejército, produciéndose un cruento enfrentamiento que dejo como saldo de al menos 43 heridos (entre policías y manifestantes), 1 civil muerto y varios detenidos.[151]​[152]​[153]​ El general PNP Javier Vela declaró que con una «planificación anticipada pudo evitar la toma del aeropuerto». La congresista Ruth Luque manifestó que la policía dispara «indiscriminadamente» a los manifestantes.[154]​Se vienen organizando varias ollas comunes a lo largo de la ciudad imperial. Durante el día, un grupo de vándalos atacaron una terminal terrestre y quemaron su garita de control.[155]​Por el lado económico, el departamento cuzqueño perdió a casi la totalidad de sus turistas extranjeros, lo que genero muchos despidos a trabajadores turísticos y de otras ramas.[156]​

Durante la noche, ocurrió otro incidente entre manifestantes y ciudadanos que marchan por la paz en Puerto Maldonado. Así mismo, la vocera de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidió la renuncia de Dina Boluarte.[157]​De igual forma, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales sugirió elecciones inmediatas.[158]​

12 de enero

Los enfrentamientos continuaron en el distrito Wanchaq del Cusco, un policía resulto herido.[159]​ Además, tomaron la mina de cobre Antapaccay, operada por Glencore,[160]​y quemaron una camioneta y una minivan del establecimiento.[161]​Mientras que la fiscalía nacional denunció al gobierno regional del Cusco acusándolo de haber entregado el estadio Inca Garcilaso de la Vega a los manifestantes.[162]​Durante la tarde, pobladores de Quispicanchi llegaron en caravanas al Cusco para reforzar las protestas. Por otro lado, ciertas zonas de los departamentos de Arequipa y Puno se encuentran totalmente paralizadas.[163]​Para el caso de Arequipa, la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres anunció el cierre temporal en solidaridad a los fallecidos en Juliaca.[164]​

En el departamento de Madre de Dios las protestas se agurizaron. Debido al incidente con los ciudadanos que marchan por la paz, que dejó como saldo tres heridos,[165]​ cientos de mineros ilegales de las zonas de La Pampa, Boca Colorada, Huepetue y Delta llegaron a Puerto Maldonado y retomaron el control sobre el puente Billinghurst, cometiendo abusos y realizando amenazas; se informó además que la policía esta retenida en sus establecimientos por sus propios jefes, quienes no tienen la autorización para salir a patrullar las calles.[166]​Un grupo de vándalos ataco el domicilio del congresista Eduardo Salhuana.[167]​

El presidente del poder judicial, Javier Arévalo informo que hasta el momento se han cometido ataques contra 6 cortes superiores en Puno, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica y Apurímac.[168]​Por su parte, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola declaró que "la señora presidenta de la república no va a renunciar, ese hecho no se va a dar".[169]​

Ronderos de Piura anunciaron que viajarán a Lima para realizar una "segunda marcha de los cuatro suyos". Durante la tarde y la noche, se registraron enfrentamientos en el centro de Lima.[170]​Desde el distrito de Miraflores (Lima), se realizó una nueva manifestación de solidaridad a los fallecidos de Puno.[171]​Inclusive realizaron pintas a la fachada del canal ATV con mensajes de «prensa basura» y «terroristas».[172]​

Igualmente se procedió a la detención de seis dirigentes de las movilizaciones pertenecientes al Frente de Defensa de Ayacucho. Entre los detenidos se encontraba la presidenta de la organización Rocío Leandro Melgar, alias "Camarada Cusi" quien formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90, actualmente se encuentra detenida en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).[173]​

13 de enero

Se presentaron enfrentamientos en el Cusco donde continúan los ataques a la mina de Antapaccay con la destrucción de la planta de agua de la zona por 30 personas.[174]​A su vez, en el distrito de San Sebastián, se presentó un choque entre protestantes y manifestantes "por la paz" que impidieron la llegada de nuevas caravanas a la ciudad. [175]​

Se convocó a mesas de diálogo en Arequipa pero no en Puno. Según la ministra de Transportes y Comunicaciones, no se concretó la Comisión de Alto Mando con el departamento de Puno.[176]​

14 de enero

Sutran registra un récord de bloqueo de carreteras a nivel nacional. Son 100 puntos en 11 departamentos, frente a los 83 ocurridos en la víspera de Navidad de 2022.[177]​

15 de enero

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) un 60% de peruanos considera que sí se justifican las protestas frente a un 35% que no cree que exista justificación. Se declaro en estado de emergencia a Lima, Callao, Puno y Cuzco.[178]​El gobernador regional de Puno, Richard Hancco califico a la presidenta como "traidora":[179]​La fiscal de la nación, Patricia Benavides, redujo a casi la mitad de operatividad a fiscalías especializadas en derechos humanos.[180]​

Según un reporte de la SUTRAN, informó que son 121 puntos con transito restringido a nivel nacional.[181]​

Consecuencias

Fallecidos

Hasta el momento, se reporta la muerte de al menos, 20 civiles y un 1 policía durante el año 2023. Según el primer ministro Alberto Otárola, parte de las muertes civiles ocurrieron por una legítima defensa policial tras intenciones de ocupar los aeropuertos, en que reconoció no existir una buena comunicación entre el gobierno y los manifestantes.[182]​

El 9 de enero fallecieron 17 civiles durante los enfrentamientos con la PNP en Juliaca [183]​Según el fiscal Jorge Chávez Cotrina, todos los civiles fallecidos en ese día fueron causadas por proyectiles de fuego.[184]​También se reporto la muerte de un policía por perpetradores sin identificar.[185]​[186]​

El 11 de enero falleció 1 manifestante durante los enfrentamientos con la PNP en el Cuzco.

El 12 de enero, falleció un adolescente de 15 años en Juliaca que se encontraba herido de gravedad producto del enfrentamiento del 9 de enero.[187]​

Desde inicio de las protestas en el gobierno de Dina Boluarte las muertes ascienden a 46 [188]​[188]​

Impacto de las protestas

Intervenciones extranjeras

La embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, fue señalada por su injerencia en la política peruana al apoyar al gobierno de Dina Boluarte, durante la visita del nuevo alcalde Rafael López Aliaga, expresando que le interesaba la seguridad de los peruanos. [189]​[190]​ A la semana siguiente, luego de las muertes en la sierra del Perú, el presidente Joe Biden, nombró a una nueva embajadora de su país, Stephanie Syptak-Ramnath. [191]​

La Unión Europea exhortó al nuevo gobierno a respetar la vida de las personas y condenó la muerte de más de 20 manifestantes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte[192]​

La Unión Europea condena cualquier uso de la violencia y el uso excesivo de la fuerza, y está muy preocupada por los informes de que más de dos docenas de civiles han muerto hasta ahora, algunos de ellos con armas de fuego
Delegación de la Unión Europea en el Perú.[1]

Evo Morales, y la Runasur, fueron acusados de injerencia extranjera al enviar emisarios y operadores políticos para azuzar las marchas.[193]​Según se conoció, Evo Morales junto a doce operadores políticos ingresaron al Perú más de 20 veces[194]​ para difundir mensajes políticos y llamados a la violencia.[195]​De estos, se detalló que algunos ingresaron de manera irregular.[196]​Además, el partido Perú Libre recibió a uno de sus compañeros más activos, Fernando Huanacuni.[197]​ Según se denunció, el objetivo de Evo Morales en el Perú era obtener acceso al mar para Bolivia.[198]​Por su lado, Morales declaró que la Runasur era un «proyecto de integración» y que los «grupos oligárquicos de la derecha en Perú tratan de amedrentarnos con mentiras y denuncias insostenibles».[199]​

Ante esto, migraciones de Perú dispuso impedir el ingreso de Morales y ocho operadores políticos al Perú.[200]​Posteriormente, el Congreso retiró la Medalla de Honor del exmandatario, en el grado de Gran Cruz, cuando obtuvo en 2007.[201]​El 14 de enero de 2023 la Fiscalía de Puno abrió una investigación a Morales por traición a la patria.[202]​

Aparte de Morales, políticos de Perú, Bolivia y Chile denunciaron que el colectivo Ponchos Rojos facilitaría municiones a los manifestantes.[203]​[204]​ No obstante, se ha descartado la inclusión de militares bolivianos al país.[205]​

Supuesta participación de organizaciones radicales

Según el exministro Rubén Vargas, las manifestaciones ganaron fama por la «propaganda por los hechos», en que organizaciones de izquierda radical aprovecharon la toma de aeropuerto, cuyos hechos remontan en 2017, cuando Pedro Castillo lideraba el Conare.[206]​Una encuesta por Ipsos Perú, para Perú 21, señaló que el 63 % de los participantes creen que actos violentos son organizados por movimientos políticos que buscan tomar el poder (cifra que crece al 73 % para los encuestados en Lima).[207]​

El 12 de enero de 2023, la Policía detuvo a Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, desde la Casa del Maestro en Ayacucho.[173]​[208]​[209]​ Rocío formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso y estuvo implicada en atentados de los años 1980 y 1990.[210]​Ella, al igual que otros siete integrantes detenidos, formarían parte de la nueva organización criminal denominada Nueva Fracción Roja, posible responsable del financiamiento de protestas en Ayacucho. [211]​[212]​Durante su intervención, según la Dirección contra el Terrorismo, se encontró material relacionado a Sendero Luminoso.[213]​

Luego del arresto integrantes del frente de defensa exigieron su liberación junto al exministro Íber Maraví.[214]​[215]​Mientras que la congresista Sigrid Bazán condenó el hecho por supuesta vulneración a los derechos humanos.[216]​

El Gobierno recurrió al argumento de llamarlos activistas del "marxismo, leninismo, maoísmo"; ante lo cual organizaciones de izquierda como el partido Perú Libre, gracias al cual fue elegida Dina Boluarte, rechazaron esa versión por ser una estrategia para criminalizar las protestas.[217]​

Reacciones en el Congreso de la República

El 10 de enero se realizó un minuto de silencio desde el Congreso de la República a las víctimas.[218]​Sin embargo, con la llegada de Alberto Otárola y sus ministros, los congresistas de la izquierda gritaron de «asesinos» y solicitaron su renuncia.[219]​[220]​Por un lado, Wilson Quispe manchó su propia camisa a partir de su supuesta sangre.[221]​ Por otro, Héctor Valer colocó el símbolo de Sendero Luminoso hacia las víctimas. [222]​

Las discusiones sobre la responsabilidad de los fallecimientos en las protestas por los bandos de la izquierda y derecha política en el Congreso continuaron incluso después de la investidura de Otárola.[223]​El 14 de enero la congresista fujimorista Tania Ramírez consideró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actor externo de la investigación de las víctimas de las protestas y solicitado por Pedro Castillo para su defensa durante su arresto,[224]​ como «proterrorista» al ser una «institución ideologizada y politizada».[225]​

Investigación por el Ministerio Público y el Congreso

La Fiscal General del Perú Patricia Benavides anunció investigaciones el 10 de enero de 2023 por los presuntos delitos de genocidio, homicidio agravado y lesiones graves contra la Presidenta Dina Boluarte, el Primer Ministro Alberto Otárola, el Ministro del Interior Víctor Rojas y el Ministro de Defensa Jorge Chávez.[226]​ El 12 de enero de ese año, la Fiscalía de la Nación abrió la segunda carpeta fiscal sobre las víctimas durante los dos meses de protestas.[227]​El caso de investigación coincide con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Sin embargo, las acusaciones de genocidio no fueron procesadas con anterioridad, incluso para el líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán ni al expresidente Alberto Fujimori.[228]​

Además, el Congreso aprobó la conformación de una comisión el 12 de enero de 2023.[229]​

Véase también

Notas

  1. ↑ Dirigente de Arequipa, participante en el pacto de 28 de diciembre de 2022.[2]​
  2. ↑ Secretario del Acta de Cuatro Zonas de Juliaca, quien representa esa ciudad.[3]​
  3. ↑ Representante del Frente de Defensa de Abancay.[4]​
  4. ↑ Presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca. Participa en las movilizaciones de acuerdo con un informe del Ministerio del Interior del 29 de diciembre del 2022.[5]​
  5. ↑ Presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.
  6. ↑ 20 en enfrentamientos y 1 por hechos vinculados al bloqueo.[6]​

Referencias

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